El Pleno del Congreso aprobará previsiblemente este jueves el proyecto de ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, la conocida como ‘ley de startups’, después de que superara hace semanas sus votaciones en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con votos de PP, Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, PDeCAT y Teruel Existe, mientras que Vox se abstuvo.
Durante su paso por la ponencia y la comisión el texto salido el Consejo de Ministros incorporó cerca de 80 enmiendas. Una vez aprobado por el Pleno del Congreso será remitido al Senado para continuar allí su tramitación.
Los últimos cambios introducidos sirvieron para incorporar a las cooperativas al régimen de empresas emergentes, permitir el silencio administrativo positivo en el reconocimiento por parte de la Enisa (Empresa Nacional de Innovacion, S.A.) de una ‘startup’ o la profundización de los criterios a la hora de evaluar el grado de innovación y de escalabilidad de un negocio.
Otros cambios reconocen la capacidad de la Agencia Tributaria para comprobar si se cumplen y mantienen vigentes los requisitos necesarios para beneficiarse a los incentivos fiscales y eleva el umbral de la penalización prevista para revertir estos beneficios cuando haya una condena a uno de los socios, que sólo se aplicaría si el condenado cuenta con, al menos, un 5% del capital.
Por otro lado, se equipara el acceso a los beneficios por profesional altamente cualificado para personas con estudios de formación profesional y se eliminan los requisitos a las empresas para contar con estos trabajadores y se amplía un año más, hasta un total de dos, el permiso previsto para que estudiantes extranjeros de educación superior puedan encontrar empleo o iniciar un proyecto empresarial una vez concluyan sus estudios.
Sin embargo, ninguno de los cambios alteran el régimen de beneficios fiscales contemplado en el proyecto aprobado por el Gobierno, con una fiscalidad más favorable tanto para las empresas como para los trabajadores.
Otro cambio pactado permite que un mismo socio pueda registrar hasta una cuarta ‘startup’ y acogerse a los beneficios previstos, ampliando en una sociedad más el límite previsto hasta ahora en la norma.
