La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado y remitido al Senado la ley que regula el ejercicio del alto cargo en la Administración, uno de los proyectos de ley contra la corrupción que fueron presentados por Mariano Rajoy el pasado 27 de noviembre. Al final, el PP ha sumado el voto de CiU y PNV mientras que UPyD se ha abstenido y el PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y ERC han optado por votar en contra al considerar el texto insuficiente.

El Estatuto del Alto Cargo fija, entre otras cuestiones, los requisitos de idoneidad para ocupar esos puestos, las declaraciones de bienes y certificados tributarios que deben presentar, las incompatibilidades, el régimen sancionador que les afecta y los informes que la Oficina de Conflictos de Intereses debe aportar al Parlamento.

El PP acordó además con CiU y PNV dejar claro que la aplicación de todas estas medidas en el ámbito autonómico dependerá de lo que decidan los gobiernos de las comunidades. Ello ha facilitado el apoyo de las formaciones nacionalistas.

Pero el PSOE, Izquierda Plural y UPyD consideran que la redacción final resulta insuficiente y echan en falta asuntos como la ampliación del periodo de incompatibilidad de los altos cargos cesados (ahora son dos años), la prohibición de las ‘puertas giratorias’, la independencia de los órganos de supervisión o la regulación de los grupos de presión (‘lobbies’).

EL CESE POR CORRUPCIÓN SE VERÁ EN LA LECRIM

Además, la exigencia del cargo en caso de verse afectado por un caso de corrupción, otro de los puntos demandados por la oposición, ha quedado definitivamente relegado a la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

El PSOE propuso enmiendas para hacer efectivo el cese cuando el cargo público esté en curso en un juicio oral y se le imputen delitos un delito de corrupción, una mandato que quiere extender a diputados, senadores y alcaldes. Izquierda Plural, por su parte, era partidario de adelantar el cese a la imputación de un delito, haya o no juicio oral.

Pero el PP no quiso entrar en este asunto en sus enmiendas a la ley que regula el estatuto del alto cargo y este miércoles, cuando la norma se ha debatido en la Comisión Constitucional del Congreso, ha confirmado que la exigencia del cargo en casos de corrupción se resolverá en la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, pretende entregar al Congreso en febrero para que se apruebe antes del verano.

EUROPA PRESS