El Pleno del Congreso ha convalidado este miércoles con los votos del PP, UPyD, UPN y Foro Asturias (FAC) el decreto ley con el que el Gobierno articula los cambios necesarios para que la rebaja fiscal prevista para el próximo año pueda empezar a aplicarse desde el 1 de julio pasado, y que además incluye otras modificaciones como una rebaja de los peajes eléctricos y un adelanto de las ayudas a la minería del carbón.

Por su parte, los nacionalistas catalanes de CDC y UDC, así como los vascos del PNV y los canarios de CC-NC han optado por la abstención, mientras el PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y la mayoría del Grupo Mixto han votado en contra.

El grueso del decreto ley, muy criticado por la oposición que lo considera «electoralista», pasa por el adelanto al 1 de julio de la reducción de la fiscalidad de las rentas del ahorro de un punto porcentual para todos los tramos, así como la rebaja al 15% de la retención para los autónomos, que beneficiará a casi 800.000 autónomos, que verán aumentada su liquidez en 263 euros de media.

La nueva tarifa del IRPF, que se aplicará de manera transitoria en 2015, establece un tipo mínimo del 19,5% y uno máximo del 46%, tipos intermedios a los establecidos en 2015 y a los que se aplicarán en 2016. Con esta nueva tarifa la reforma fiscal definitiva reducirá la tributación de todos los asalariados con rentas inferiores a 50.000 euros respecto a lo pagaban antes de la llegada del PP al Gobierno.

En concreto, para las rentas de hasta 15.000 euros el descenso entre 2011 y 2015 será del 20,3%, del 10,8% para las rentas de hasta 20.000 euros, del 4,6% para los salarios de hasta 30.000 euros y del 3,4% para los ingresos de hasta 40.000 euros. Lo que cobren hasta 50.000 euros, se beneficiarán de un descenso del 1,7% y, a partir de ahí, los que perciban hasta 100.000 euros pagarán un 0,47% más que lo que pagaban en 2011 y los salarios de hasta 150.000 euros tributarán un 1,6% más.

Las empresas contarán a partir de la próxima semana con una nueva aplicación informática que elaborará a la Agencia Tributaria para que ya en la nómina de julio, o a más tardar en la de agosto, los trabajadores vean ya en su nómina esta rebaja del impuesto.

Igual que sucederá con la tarifa general del IRPF, también se aplicará una tarifa intermedia para la tributación del ahorro, de tal manera que para las ganancias de hasta 6.000 euros se aplicará un tipo en 2015 del 19,5%; entre 6.000 y 24.000 euros del 21,5%; entre 25.000 y 50.000, del 21,5%; y de 50.000 en adelante, del 23,5%.

1.500 millones para los ciudadanos

Estos cambios, que el Gobierno adelanta aprovechando la mejora de la recaudación tributaria, devolverá al bolsillo de los ciudadanos unos 1.500 millones de euros que permitirán dinamizar el crecimiento económico e impulsar la creación de empleo.

Además, el Ejecutivo asegura que se hará de forma «más equitativa» ya que la mayor rebaja será para las rentas medias y bajas y se introducirán beneficios sociales para familias con hijos y con discapacitados.

El coste de esta revisión fiscal será asumido íntegramente por el Estado, dado que las comunidades autónomas podrán mantener su actual tarifa en el tramo del IRPF que les corresponde si así lo deciden.

Lo que el Gobierno no tiene previsto adelantar es la segunda parte de la rebaja del Impuesto de Sociedades prevista para el año que viene.

Ayudas exentas 

El real decreto-ley de medidas urgentes que incluye esta rebaja del IRPF incorpora también la limitación de la posibilidad de embargo de las ayudas públicas para colectivos en riesgo de inclusión social, de emergencia social o con necesidades habitacionales y otras necesidad básicas, especialmente en el caso de menores o personas con algún tipo de discapacidad.

Igualmente, se declaran exentas las ayudas públicas a las víctimas de violencia de género y las ayudas públicas para cubrir necesidades básicas (hasta 1,5 veces el Iprem), así como las ayudas para la adaptación de antenas de edificaciones.

Por otra parte, el decreto ley incluye una revisión a la baja de los pagos por capacidad que los consumidores pagan a las eléctricas aprovechando el «exceso de recaudación» del sistema, de modo que los españoles ahorrarán 250 millones de euros al año, un 0,9% menos de lo que pagaron el año pasado.

Ayudas al carbón

Asimismo, el texto legislativo recoge también medidas sociales para los trabajadores de la minería del carbón ante la «constante caída de la cotización» de esta materia prima, que obligará a muchas empresas a adelantar el cierre y a declarar concurso de acreedores o insolvencia y liquidación.

«Resulta de capital importancia paliar la repercusión que el próximo cierre de las minas puede provocar en las cuencas mineras, donde ya existe un elevado índice de desempleo y pocas oportunidades de reinserción», explica el Gobierno, recordando además que muchos de los trabajadores afectados están en una edad de difícil reinserción laboral.

Por eso se ha decidido dar «flexibilidad» al régimen de ayudas previsto en el Acuerdo Marco para la minería del carbón 2013-18 de modo que se puedan anticipar las ayudas por costes laborales para trabajadores de edad avanzada al ejercicio 2016 y facilitar las bajas indemnizadas a un grupo reducido de trabajadores que se incorporaron desde compañías auxiliares a las plantillas de las empresas mineras entre el 1 de enero de 2012 y el 1 de enero de 2015.

Así, a corto plazo habrá un incremento de ayudas sociales «difícil de cuantificar» por su carácter voluntario pero que, en cualquier caso, se verá «compensado» con la rebaja en las líneas de ayudas en los años sucesivos.

De hecho, se barajan dos hipótesis, que permitirían un ahorro total con respecto al Plan de la Minería del Carbón 2013-2018 inicialmente acordado con sindicatos y patronal de entre 1,9 millones de euros y 117,5 millones de euros aunque adelantaría gran parte de las necesidades de gasto a los Presupuestos del año que viene.

Por una parte, un escenario «probable» en el que las ayudas por bajas indemnizadas se producen progresivamente hasta 2018 y se acogen unos 448 trabajadores el año que viene, lo que produciría un ahorro de 1,9 millones respecto a las previsiones del Plan de la Minería aunque con un coste adicional de 11,5 millones en las cuentas del año próximo.

Y, por otra parte, un escenario «extremo» que supone el cierre de todas las minas no competitivas ya en 2016 con un ahorro de 1,3 millones en el plan global pero un coste adicional de 44,5 millones a recoger en los Presupuestos del año que viene para pagar ayudas por edad avanzada a 448 trabajadores, bajas indemnizadas a otros 591 y bajas indemnizadas de carácter excepcional a 40 empleados más. En este caso, también habría que tener en cuenta que el Estado se ahorraría 73 millones de subvenciones a la producción de carbón nacional.

Europa Press