El Pleno del Congreso de los Diputados convalidó este jueves el real decreto ley de reforma en materia de infraestructuras y de transportes, y otras medidas económicas.
La norma salió adelante por 177 votos a favor, 139 en contra y una abstención (de la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas), con el único apoyo del PP. El Pleno rechazó la tramitación de la norma como proyecto de Ley.
Además de cambios en materia de transporte e infraestructuras, la norma recoge la rebaja al 10% del IVA en las entregas de arte o el crédito extraordinario para las ayudas a las compra de coches del Plan PIVE-5.
El conjunto de los grupos de la oposición destacaron la necesidad y urgencia de extender la rebaja del IVA al conjunto de la cultura, y no sólo a las entregas de arte, que según algunos diputados es la parte más «elitista» del mercado.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, fue la encargada de defender el decreto desde la tribuna, y afirmó que las medidas impulsadas por el Gobierno en materia de infraestructuras y transportes impulsarán la «competitividad» y la «eficiencia» en estos sectores.
El portavoz de Fomento del PSOE, Rafael Simancas, criticó el decreto del Gobierno y explicó que su grupo votaría no a su convalidación, pues consideró que en algunos aspectos es contradictorio con otras normas impulsadas en la misma materia y porque incrementa costes que no favorecen la competitividad del transporte.
Críticas de la oposición
Según el diputado de CiU Pere Macias, el decreto no puede contar con el apoyo de su grupo porque defienden «otro modelo» más allá del que impulsa un «ejército de burócratas que va colando más medidas» para que Estado sea lo que ya hay, es decir, «centralizado, caro e ineficaz».
Para La Izquierda Plural, según indicó la diputada Ascensión de las Heras, este decreto es un nuevo ejemplo de que el Gobierno «legisla de manera compulsiva y chapucera», con una «falta absoluta diálogo social y político», pues «de una tacada modifica 12 leyes».
El portavoz de UPyD en el debate, Carlos Martínez Gorriarán, explicó que su grupo no puede apoyar la norma porque «vacía de competencias al Congreso de los Diputados», ya que introduce 18 cambios legislativos que «no son urgentes», algunos de ellos relacionados con la Ley de Presupuestos Generales del Estado aprobada hace dos meses.
Desde las filas del PNV, Isabel Sánchez apuntó que hay algún aspecto «positivo» en la norma, aunque pidió la transferencia de determinados tramos de red ferroviaria que no son de interés general, ya que «permitirían gestionar de manera más adecuada» el servicio. Además, tildó de «impresentable» que se aproveche este decreto para otros aspectos que «nada tienen que ver con el objetivo principal», por lo que se abstendrían en la votación.
Por su parte, Joan Baldoví (Compromis-Equo) dijo que calificó el texto de «popurrí», en línea con el «cajón de sastre» apuntado por Rosana Pérez (BNG); Ana Oramas (Coalición Canaria) señaló que «hay muchas cosas manifiestamente mejorables» en el texto, Teresa Jordà (ERC) lamentó que incluye medidas tan «surrealistas» como la bajada del IVA a la parte más «elitista» de la cultura y Rafael Larreina (Amaiur) señaló que este decreto es una muestra más de la «filosofía muy negativa» y «falta de coherencia» del Gobierno.
El portavoz de Fomento del PP en el Congreso, Andrés Ayala, respondió a las críticas del resto de grupos y defendió la propuesta del Gobierno, para asegurar que era oportuna y urgente la aprobación de este decreto.
