La iniciativa del PP propone, además, “que solo cuando finalice ese periodo de transición, si se persiste en la intención de subir el impuesto al diésel, se garantizará que quedan excluidos del mismo todos los autónomos y profesionales, sin discriminación a ningún sector, y todos los colectivos vulnerables”.

En la exposición de motivos, los populares argumentan que el 42% de los vehículos fabricados en España son diésel, por lo que consideran “una irresponsabilidad que el Gobierno socialista haya emprendido una guerra contra esta tecnología, cuyo máximo exponente fueron las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica señalando que ‘el diésel tiene los días contados’”.

“No entendemos que se ponga en riesgo el futuro de 40.000 trabajadores y 17 fábricas que se mantienen gracias a la producción de vehículos diésel, además de todo el empleo generado en la industria auxiliar”, añade el texto. Los populares defienden que “cualquier cambio hay que hacerlo de forma gradual y ofreciendo alternativas”.

Además, la propuesta del PP apunta que “en España hay 17 millones de propietarios de vehículos diésel, incluidos los 600.000 que compraron su coche diésel en 2017 sin saber ‘que el diésel tiene los días contados’”. En este sentido, estima que “un uso razonable de 20.000 kilómetros al año, con un consumo medio de 6 litros y 10 céntimos de subida por litro, suponen un pago extra de 120 euros al año”.

VEHÍCULOS CONTAMINANTES

Por ello, el PP indica que, aunque comparte “la necesidad de reducir las emisiones y cumplir con nuestros compromisos internacionales, creemos que el foco hay que ponerlo en los vehículos más contaminantes, y estos no siempre son los vehículos diésel”.

En esta línea, el texto señala que “un vehículo diésel moderno, que cumple con la normativa Euro 6, es menos nocivo y contaminante que un vehículo de gasolina equivalente, y mucho menos que cualquier vehículo de gasolina con más de 10 años de antigüedad”.

La subida del impuesto al diésel es una de las medidas contempladas por el Gobierno socialista en su acuerdo presupuestario con Unidos Podemos y tiene como objetivo equiparar la carga impositiva de dicho combustible a la de la gasolina. Además, el acuerdo establece que parte de la recaudación que se reúna en 2019 con el impuesto se destine en 2020 a ayudas tanto a la industria para el desarrollo de vehículos menos contaminantes como a la compra de nuevos vehículos.

La medida ha provocado las críticas de las asociaciones de fabricantes de vehículos así como de sindicatos y asociaciones de autónomos, que temen el impacto que la subida impositiva podría tener en el empleo del sector y en los costes laborales de los trabajadores por cuenta propia.