En la exposición de motivos de la iniciativa Ciudadanos asegura que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones “es una figura tributaria compleja y de aplicación desigual” por parte de cada comunidad autónoma, lo que, en su opinión, “ha derivado en 20 regímenes distintos con profundas desigualdades en el tratamiento fiscal de los ciudadanos según la comunidad autónoma donde residan”.

“Esto ha llevado a que existan diferencias de 100 a 1 en la tributación por el mero hecho de residir en una comunidad autónoma o en otra”, señala el texto de la formación naranja, que añade que “como las bonificaciones varían entre comunidades autónomas, y en alguna no existe, la disparidad es brutal”, poniendo como ejemplo que “incluso entre padres e hijos, sobre una misma herencia se puede pagar menos del 1 por ciento o un 40 por ciento”.

Por ello, Ciudadanos considera que “esta situación está provocando deslocalizaciones reales y ficticias para evitar el impuesto, con un gravísimo perjuicio a la eficiencia económica, como también que el número de renuncias a herencias haya alcanzado su máximo histórico: en 2017, se producía una renuncia por cada 10 herencias tramitadas, en la mayoría de los casos, por no poder frente a las cuantías del impuesto demandadas o por no poder hacerlo en los plazos exigidos”.

Por otro lado, aunque la formación de Albert Rivera considera “imprescindible” la armonización del impuesto, también opina que “no puede ser una excusa para incrementar de forma brutal los impuestos”, por lo que defiende “una armonización a la baja” del mismo, de forma que las herencias y donaciones dentro del núcleo familiar, el formado por padres, madres, hijos, cónyuges o personas con las que se mantenga una relación análoga de afectividad, “no tengan efectos tributarios”. Además, propone reducir “sustancialmente” la tributación de las herencias y donaciones cuyos beneficiarios sean los hermanos, así como, en menor medida, la de las que se produzcan entre parientes más lejanos.

De esta forma, la proposición de ley plantea establecer en todas las comunidades autónomas una bonificación del 100% en las herencias y donaciones percibidas por familiares encuadrados en el Grupo I, que incluye al cónyuge o pareja de hecho y a los ascendientes y descendientes en línea recta por consanguinidad, tanto por naturaleza como por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento.

Además, también propone ampliar las reducciones estatales por razón de discapacidad o dependencia hasta los 180.000 euros para las herencias o donaciones de las que sean beneficiarios personas que acrediten un grado de discapacidad de al menos el 33% o situación de dependencia moderada, y en 360.000 euros para las herencias o donaciones para personas con discapacidad igual o superior al 65% o situación de dependencia severa.

VIVIENDAS

En la misma línea, plantea ampliar la reducción estatal por herencia de la vivienda habitual de la persona fallecida, que aumenta hasta el 100 por ciento del valor de dicha vivienda y de la que podrán beneficiarse todos los parientes incluidos en los nuevos Grupos I y II (que incluye a los familiares colaterales de segundo y tercer grado por consanguinidad y a los ascendientes y descendientes por afinidad, incluidos los resultantes de la constitución de una pareja de hecho). También podrían beneficiarse de esta reducción los parientes incluidos en el nuevo Grupo III (familiares colaterales de cuarto grado por consanguinidad y a los colaterales de segundo y tercer grado por afinidad) que carezcan previamente de una vivienda en propiedad y, por tanto, se entienda que se encuentran en situación de necesidad de vivienda.

El texto también propone la ampliación del plazo de declaración y pago del impuesto, de seis meses a un año, en los casos en que la masa de la herencia esté formada en un 75% o más por activos ilíquidos, como inmuebles o fincas, con la finalidad de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

EMPRESAS

La proposición también hace referencia a las reducciones estatales “por las herencias y donaciones de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades societarias por parientes incluidos en los nuevos Grupos I, II y III”, para las que plantea que se amplíe al 100 por ciento del valor de las anteriores, y que se reduzca el requisito de permanencia de lo adquirido a los cinco años.

Sobre este mismo punto, Ciudadanos propone que se puedan beneficiar de estas reducciones quienes no sean parientes del causante o donante, siempre que se trate de personas que mantuviesen una relación laboral o de prestación de servicios con la empresa previamente, “todo ello con el objetivo de favorecer la transmisión de empresas en funcionamiento y por tanto evitar las posibles disrupciones sobre la actividad económica y el empleo que podría ocasionar el que esta se viera perjudicada por causa de la obligación de hacer frente al impuesto”.