El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado con 177 votos en contra, 136 a favor y 1 abstención, una proposición de ley del PSOE sobre pobreza energética que pedía al Ejecutivo una tarifa social «asequible» para la electricidad, el gas, el butano y el propano, y prohibir a las comercializadoras el corte de suministro sin permiso de la Administración. La proposición de ley define la pobreza energética como aquella situación en la que los consumidores destinan más del 10% de su renta familiar anual al suministro energético. También a quienes sean perceptores de pensiones mínimas del Sistema de la Seguridad social, pensiones mínimas de clases pasivas, y a quienes dispongan de una renta familiar per cápita inferior al 75% del salario mínimo interprofesional.

La iniciativa considera necesidades domésticas básicas las destinadas a climatización de las viviendas, las de iluminación y consumo de los aparatos de conservación y transformación de alimentos y las destinadas a calentar el agua de uso sanitario e higiénico. Así, el PSOE proponía la creación de una tarifa social para los consumidores vulnerables «suficiente para satisfacer sus necesidades domésticas básicas a un precio asequible» garantizado por la tarifa.

En cuanto a la pobreza energética, la iniciativa indica que cuando una empresa suministradora de energía aprecie que se dan las causas para interrumpir el suministro de un cliente que conste en situación de pobreza energética «deberá solicitar una autorización previa a la administración competente». «La interrupción del suministro no podrá producirse hasta que hayan transcurrido seis meses desde el primer requerimiento de pago sin que se hubiera hecho efectivo», añade.

De esta forma, no se autorizaría la interrupción del suministro de una persona en situación de pobreza energética, o en trámite de obtener su reconocimiento, durante el período estacional en el que las temperaturas sean más bajas o cuando el suministro sea indispensable para garantizar la salud de las personas que la habitan. A estos fines se establecerá un calendario indicativo según la zona climática donde se ubique la vivienda.

Por otra parte, la proposición de ley del PSOE reclama al Gobierno que, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, apruebe una estrategia para la erradicación de la pobreza energética con medidas a desarrollar tanto en el entorno urbano como en el rural.

RESTRICCIONES EN INVIERNO

Durante la defensa de la toma en consideración de la proposición de ley en el Pleno del Congreso de los Diputados, la secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad socialista, Pilar Lucio, advirtió de que en España hay siete millones de personas que pasarán el invierno con restricciones en el acceso a la luz, el gas o el propano, y «bajo la amenaza del corte del suministro», según un estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales.

Ante esta «situación de emergencia» y con la bajada de temperaturas por la llegada del invierno, la diputada socialista explicó que la iniciativa legislativa busca «paliar» los «efectos perversos» de las decisiones del Gobierno que «han supuesto un varapalo en la calidad de vida y en el poder adquisitivo de los más vulnerables».

(Fuente: Servimedia)