El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá y votará el jueves el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, y los objetivos de déficit y deuda propuestos por el Gobierno para 2020, que en caso de ser aprobados servirán de base para elaborar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este ejercicio. Asimismo, también será debatida la senda de estabilidad para el periodo 2021-2023.

La aprobación del techo de gasto y los objetivos de déficit y deuda de 2020 son el paso previo para la posterior elaboración de las cuentas del ejercicio, que el Gobierno quiere aprobar a lo largo del verano.

El pasado 11 de febrero el Consejo de Ministros aprobó un techo de gasto de 127.609 millones de euros para 2020, lo que supone un 3,8% más respecto al de 2019 (122.899 millones), y un objetivo de déficit para este ejercicio del 1,8% del PIB.

En concreto, la nueva senda de estabilidad fija unos objetivos de déficit del 1,8% para 2020, 1,5% en 2021, 1,2% para 2022 y 0,9% en 2023, frente al déficit del 0,5% en 2020 y superávit del 0,1% en 2021 que fijó el PP en abril de 2018 en la senda que está vigente actualmente, que ya fue considerada entonces “poco realista” por organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y la Comisión Europea.

En este sentido, cabe recordar que el déficit cerró 2018 en el 2,6% y que se estima que cierre 2019 por encima del 2%, por lo que el objetivo del 0,5% en 2020 fijado por el PP es inalcanzable.

Además, el objetivo del 1,8% para 2020 establecido en esta nueva senda supone una décima de déficit más respecto al 1,7% que el Gobierno socialista previó el pasado octubre en el plan presupuestario que remitió a la Comisión Europea.

OBJETIVOS POR ADMINISTRACIÓN

Por administraciones, la nueva senda establece unos objetivos de déficit para las comunidades autónomas del 0,2% en 2020, 0,1% en 2021 y equilibrio presupuestario desde 2022, tal y como aprobó el pasado viernes el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Para la administración central la meta es del 0,5% en 2020, del 0,4% en 2021, 0,3% en 2022 y 0,1% en 2023. En cuanto a la Seguridad Social, el objetivo es que obtenga un déficit del 1,1% este año, del 1% en 2021, del 0,9% en 2022 y del 0,8% en 2023. Por último, para las corporaciones locales se mantiene el objetivo de equilibrio presupuestario que ya han registrado en los últimos años.

DEUDA

En cuanto a la deuda pública, los objetivos son del 94,6% sobre PIB para 2020, 93,4% en 2021, 91,7% en 2022 y 89,8% en 2023. Estos objetivos también suponen flexibilizar la senda marcada por el PP en 2018, ya que fijaba un 92,4% para 2020 y del 89,1% en 2021.

Por administración, el objetivo de deuda para la Administración Central y la Seguridad Social es del 69,2% en 2020, 68,6% para 2021, 67,7% en 2022 y 66,6% en 2023.

Para las comunidades autónomas la meta es del 23,4% este año, 22,8% en 2021, 22,1% en 2022 y 21,4% en 2023; mientras que para las corporaciones locales el objetivo será del 2% en 2020 y 2021, del 1,9% en 2022 y del 1,8% en 2023.

Además, en lo que respecta a la tasa de referencia de crecimiento, también conocida como regla de gasto, el Gobierno la fija en el 2,9% en 2020, 3% para 2021, 3,2% para 2022 y 3,3% en 2023.

ELIMINAR VETO DEL SENADO

Esta es la segunda ocasión en la que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez trata de flexibilizar la senda de estabilidad, después de intentarlo en junio de 2018, nada más llegar a La Moncloa, aunque en dicha ocasión no pudo culminar la modificación al toparse con la mayoría absoluta del PP en el Senado.

Precisamente, este martes el Pleno debatirá también la propuesta del PSOE para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera mediante la eliminación de la capacidad de veto de la Cámara Alta a los objetivos de estabilidad, cuyo objetivo es evitar que en el futuro se repita la situación de 2018.

En concreto, los socialistas proponen reformar el artículo 15 de la Ley, que actualmente obliga a que los objetivos de estabilidad deban ser aprobados tanto por el Congreso como por el Senado, cuando la práctica legislativa habitual es que si la Cámara Alta rechaza una iniciativa ya aprobada por la Cámara Baja, esta última pueda levantar el veto.

Así, mientras que la actual redacción de la Ley exige la aprobación del Senado, dando un mes para volver a presentar una propuesta de senda en caso de que sea rechazada, la propuesta del Grupo Socialista indica que, en caso de ser rechazada por el Senado, los mismos objetivos serían votados de nuevo por el Pleno del Congreso, quedando aprobados con mayoría simple.

Además, para justificar este cambio, el Grupo Socialista señala en la exposición de motivos de su propuesta que la actual redacción de la norma «resulta distorsionadora en tanto responde a un modelo de bicameralismo perfecto que no se corresponde con el que establece nuestra Constitución».