El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves, sin votos en contra, el decreto ley que prorroga medidas de apoyo a las empresas frente a la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.

Entre ellas están el blindaje a empresas estratégicas, la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), medidas concursales y los fondos de recapitalización de empresas gestionados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y Cofides.

El decreto ley ha sido apoyado por el PSOE, el PP, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Ciudadanos, el PNV, EH-Bildu, Más País-Equo, UPN, Compromís, Nueva Canarias, Coalición Canaria, Teruel Existe y el PRC. Sin votos en contra, han decidido abstenerse Vox, la CUP, Foro Asturias y el BNG.

Aprobado el pasado 23 de noviembre en Consejo de Ministros y en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), como cada decreto ley debía someterse al debate y votación en el Congreso para ser convalidado o, en caso de no contar con apoyos suficientes, ser derogado.

Pese a que los grupos tienen la opción de tramitar el decreto como proyecto de ley para poder proponer cambios a través de enmiendas, la Cámara ha rechazado esta posibilidad.

UNA PASARELA DE EXCEPCIONALIDAD HASTA LA REFORMA CONCURSAL

Durante la defensa del decreto ley, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha justificado la necesidad de prorrogar estas medidas de apoyo para impedir la caída de empresas viables durante esta fase de recuperación económica y, particularmente, las referidas a la regulación concursal.

Así, ha justificado la prórroga de la moratoria concursal para dar seguridad jurídica «durante el plazo transitorio hasta la entrada en vigor de la reforma concursal», abriendo la puerta prorrogarla hasta la entrada en vigor de la reforma que el Gobierno prepara de esta regulación.

Precisamente durante el debate posterior el portavoz del PDeCAT, Ferrán Bel, ha solicitado al Gobierno atender a la situación en esta materia, ante la acumulación de casos derivados de la suspensión de procedimientos, pidiendo al mismo tiempo una tramitación «urgente» de esta reforma y, también, un refuerzo en los juzgados para evitar colapsos una vez se desbloquee la moratoria.

«UN CAJÓN DE SASTRE», «MEZCLA DE PARCHES»

Otros grupos, como PP, UPN o Foro Asturias, han lamentado la insuficiencia de las medidas. «Son claramente insuficientes», ha lamentado Sergio Sayas (UPN), mientras que Isidro Martínez Oblanca (Foro) tildaba de «bochornosa» la «autocomplacencia del Ejecutivo.

Para el ‘popular’ Miguel Ángel Paniagua, que ha señalado cómo los avales del ICO han tenido un efecto multiplicador menor al esperado, se trata de un «cajón de sastre», y para Mari Carmen Martínez Granados, una «mezcla de parches», si bien «muchos necesarios».

LAS MEDIDAS DE APOYO NO SON PARCHES, REPLICA EL PSOE

Idoia Sagastizabal, portavoz económica del PNV, ha replicado que sí se han adoptado medidas para hacer frente a la crisis, pero en este caso ha lamentado el «escudo» del decreto ley para adoptar algunas medidas ya estructurales, y la falta de consulta con la oposición para concretar la «letra pequeña», más allá de una «llamada de cortesía».

La portavoz presupuestaria del PSOE, Montse Mínguez, ha rechazado que medidas que apoyan a familias y empresas puedan ser parches, y ha celebrado que grupos de la derecha se decidan a apoyarlas, ironizando que, su resistencia en ocasiones, responde a que «igual es que les sale urticaria al apretar el botón verde».

EL ESCUDO ANTIOPA SE PRORROGA DURANTE TODO 2022

Con el popularmente conocido como escudo ‘antiopas’, el Gobierno debe autorizar las inversiones extranjeras en empresas estratégicas cotizadas en las que se pretenda superar el 10% del capital, así como en aquellas no cotizadas en las que la inversión supere los 500 millones de euros.

En virtud del mencionado ‘escudo’, el Gobierno ha dado su autorización previa a operaciones como la compra de Euskaltel por MásMóvil o la OPA de IFM a Naturgy, cuya autorización fue condicionada. El decreto ley lo amplía hasta el 31 de diciembre de 2022.

FONDOS DE RECAPITALIZACIÓN Y LÍNEA DE AVALES

Asimismo, el decreto ley mantiene vigentes hasta el 30 de junio de 2022 los fondos de recapitalización de empresas gestionados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y Cofides y la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para autónomos y empresas.

El Gobierno también amplía hasta el 30 de junio de 2022 el plazo de reintegro por parte de las comunidades autónomas de los fondos no ejecutados de la Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas, con el objetivo de que las comunidades puedan resolver los recursos de convocatorias ya cerradas.

CLÁUSULA DE EXCEPCIONALIDAD EN LA LEY CONCURSAL

En el plano concursal, se amplía al ejercicio 2021 la medida excepcional establecida en la Ley 3/2020 de exclusión de los resultados a los efectos de la causa legal de disolución por pérdidas, mientras que se extiende también hasta el 30 de junio de 2022 la protección para los deudores en situación de insolvencia.

Esta protección les exime de tener que pedir el concurso de acreedores, así como retira a sus acreedores la facultad de solicitarlo con el fin de que las empresas viables en condiciones normales de mercado cuenten con instrumentos legales que les permitan mantener su actividad y el empleo y dispongan de un margen adicional para restablecer su equilibrio patrimonial.