El Pleno del Congreso vota este jueves tres decretos leyes que incluyen el nuevo impuesto sobre la plusvalía, un crédito extraordinario a la Seguridad Social y un paquete ‘ómnibus’ de trasposición de directivas europeas en materia de derechos de autor, la protección de los consumidores, o las sociedades de inversión.

Aunque están en vigor desde su aprobación por el Consejo de Ministros, cada decreto ley debe someterse a debate y votación en el Congreso en el plazo de un mes para ser convalidado o, en caso de no contar con apoyos suficientes, ser derogado. En todo caso, la Cámara puede aprobar su tramitación como proyecto de ley para proponer cambios a través de enmiendas.

DOS OPCIONES DE CÁLCULO EN EL NUEVO IMPUESTO

Por un lado, el Congreso examinará el decreto ley aprobado el pasado 8 de noviembre para adaptar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal, a la sentencia del Tribunal Constitucional, y que establece dos opciones para determinar la cuota tributaria que el contribuyente podrá elegir para aplicarse la más beneficiosa.

Así, el contribuyente puede optar por calcular el importe por el resultado objetivo de multiplicar el valor catastral por unos nuevos coeficientes que tendrán en cuenta la realidad inmobiliaria, o decantarse por el cálculo a través de una ganancia real, con la diferencia entre el precio de venta y el de adquisición.

En caso de que no obtenga una ganancia patrimonial por la venta de la vivienda, quedará exento de pagar este impuesto. Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición se tomará el que sea mayor de entre el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración Tributaria, de acuerdo con la nueva facultad que se otorga a los ayuntamientos.

El objetivo de esta reforma es adecuar el impuesto a la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, en la que declara inconstitucionales determinados artículos de este impuesto que, en la práctica, supone la nulidad del mismo al rechazar el sistema de cálculo de las plusvalías. La sentencia indica que el método de cálculo de la base imponible conduce a un resultado que se aleja «notablemente» de los valores reales de los inmuebles en el mercado inmobiliario.

PRÉSTAMO DE 5.000 MILLONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

En ese mismo Consejo de Ministros el Gobierno aprobó otro decreto ley para conceder un crédito extraordinario de 5.012 millones de euros a la Seguridad Social para equilibrar las cuentas por los gastos derivados por la pandemia de Covid-19, como exoneraciones de cuotas, ayudas a los autónomos o todas las medidas que engloba el esquema de protección de los ERTE.

La fórmula de los préstamos es una fórmula cuestionada por las propias formaciones que apoyan el Gobierno y sus socios a la hora de sanear las cuentas de la Seguridad Social, e incluso de las nuevas recomendaciones del propio Pacto de Toledo, que llama a completar la financiación del sistema con transferencias para pagar la factura de gastos impropios.

En cumplimiento de ello, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022 contempla una transferencia de 18.396 millones de euros, con el fin de que las políticas no contributivas que realiza el sistema de la Seguridad Social las financie la Administración General del Estado.

Precisamente, esta misma semana el Congreso ha aprobado una enmienda en la primera parte de la reforma de pensiones para encargar una auditoría que examine qué gastos del Estado ha asumido de forma indebida la Seguridad Social desde 1967, distorsionando su realidad financiera.

TRASPOSICIÓN DE DIRECTIVAS

Por otro lado, el Congreso votará el decreto ley aprobado por el Gobierno el 2 de noviembre, un decreto que el propio Ejecutivo identificó como ‘ómnibus’, al abarcar trasposiciones europeas de materias como los bonos garantizados, distribución transfronteriza de fondos, derechos de autor y derechos afines en el mercado digital único, la mejora y modernización de protección de consumidores y del régimen sancionador en materia de consumo.

En lo que respecta a la regulación sobre bonos garantizados, se fija qué entidades pueden emitir bonos garantizados, armoniza los criterios y condiciones de emisión, el conjunto de cobertura que sirve como garantía, las reglas aplicables en caso de insolvencia y resolución, el organismo de control del conjunto de cobertura y la obligación de disponer de un colchón de liquidez.

Concretamente, la directiva define los tipos de activos que pueden formar parte del conjunto de cobertura del fondo garantizado, entre otras cuestiones, y se establece un régimen de supervisión reforzado, un régimen sancionador y la actuación en caso de concurso o resolución de la entidad emisora.

La directiva de distribución transfronteriza de fondos, por su parte, introduce modificaciones en la legislación nacional en materia de Instituciones Inversión Colectiva (IIC), con medidas para facilitar y agilizar las condiciones de los gestores de fondos que operan en el mercado interior, se desarrollan otras para facilitar la comercialización de IIC a inversores de otros estados miembros y se introduce una regulación de la precomercialización de los fondos alternativos.

El Congreso aprueba hoy la ley de interinos

El Pleno del Congreso aprobará y enviará al Senado este jueves el proyecto de ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que reservará concursos y no oposiciones para puestos de trabajo en la Administración que hayan estado ocupados de forma temporal durante al menos cinco años.

El proyecto tiene origen en el decreto ley acordado por el entonces ministro de Función Pública y hoy de Cultura, Miquel Iceta, con los sindicatos de la Administración, y se salvó de la derogación en el Congreso por un acuerdo del PSOE con Unidas Podemos y Esquerra Republicana.

La Comisión de Hacienda avaló la semana pasada la iniciativa con votos de PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV pero será el Pleno del Congreso el que tenga la última palabra sobre la ley y sus enmiendas, al haberse aprobado su avocación. El PP y Cs se abstuvieron y Vox no llegó a votar, recordando su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la norma.

CONCURSO OPOSICIÓN QUE PUEDE SER NO ELIMINATORIA

Finalmente, el texto que la Comisión de Hacienda aprobó prevé mayores garantías para los trabajadores interinos con más experiencia. Así, las plazas cubiertas con trabajadores con contrato temporal durante, al menos, los últimos cinco años deberán ser consolidadas en un concurso de mérito, y a partir de los tres años a través de concurso y oposición, dando la opción de que los ejercicios de la fase de oposición no sean eliminatorios.

Además, las plazas que pueden salir por concurso no están condicionadas a no haber sido previamente convocadas, como era la intención original del Ministerio.

RESPETA LA AUTONOMÍA DE CCAA Y AYUNTAMIENTOS

Estos procesos, que se realizarán por una sola vez, podrán ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la administración del Estado, comunidades autónomas y entidades locales y respetarán, en todo caso los plazos establecidos, según lo dispuesto en una nueva disposición.

Por otro lado, los cambios introducidos en el Congreso también permitirán extender estos procesos explícitamente a las sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales, fundaciones del sector público y consorcios del sector público, así como las comunidades forales, País Vasco y Navarra.

También se modifica lo referido a los procesos de 2017 y 2018, que deberán estar resueltas antes de que acabe el año 2024, pero se elimina la referencia explícita de que estos procesos «seguirán ejecutándose con arreglo a las previsiones de las respectivas convocatorias».

MEDIDAS DE AGILIZACIÓN DE LOS PROCESOS SELECTIVOS

Por otro lado, la norma mandata al Ministerio de Hacienda y Función Pública a elaborar un informe anual de seguimiento de la situación de la temporalidad en el empleo pública, que enviará a la Comisión competente del Congreso. Dicho informe contendrá, como mínimo el detalle funcional con escala autonómica y local de todas las situaciones de temporalidad en el empleo público.

Las administraciones públicas deberán asegurar el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución de los procesos selectivos mediante la adopción de las medidas apropiadas para el desarrollo ágil de los procesos selectivos, tales como la reducción de plazo, la digitalización de los procesos o la acumulación de pruebas en un mismo ejercicio, entre otras.

Las convocatorias de estabilización que se publiquen podrán prever para aquellas personas que no superen el proceso selectivo su inclusión en bolsas de personal funcionario interino o de personal laboral temporal específicas o su integración en bolsas ya existentes. En dichas bolsas se integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo correspondiente, y no habiendo superado éste, sí hayan obtenido puntuación que la convocatoria considere suficiente.

También se aprobará la primera parte de la reforma de pensiones

El Pleno del Congreso aprobará este jueves la primera parte de la reforma de pensiones que plantea el Gobierno, cuyas principales medidas suponen derogar los elementos centrales diseñados por el Gobierno del PP en su reforma de 2013, con la vuelta al IPC para revalorizar las prestaciones y el fin del factor de sostenibilidad, que no ha llegado a entrar en vigor.

Frente a esta medida, que recortaba la cuantía inicial de la pensión en función del aumento de la esperanza de vida, la propuesta del Gobierno avalada por el Congreso supone aumentar 0,6 puntos las cotizaciones durante diez años, entre 2023 y 2032, para llenar la ‘hucha’ de las pensiones y enfrentar la jubilación de los ‘baby boomers’.

Este recurso, bautizado como mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), se ha incorporado en la tramitación en el Congreso de la reforma en una enmienda pactada por el PSOE y Unidas Podemos con ERC y Bildu, tras el acuerdo alcanzado hace unas semanas por el Ejecutivo con los sindicatos CCOO y UGT, con el rechazo de la patronal.

ACORDADA EN EL DIÁLOGO SOCIAL, CUESTIONADA POR LA OPOSICIÓN

Sin ese mecanismo, la reforma llegó a las Cortes el pasado verano de la mano del acuerdo alcanzado en julio por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con los sindicatos y las patronales del diálogo social, a partir de las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo. Unas recomendaciones, además, aprobadas hace justo un año, en noviembre de 2021, con amplio consenso en el Congreso.

Sin embargo, al llegar a la Cámara el PP y Vox trataron de tumbar el proyecto con sendas enmiendas a la totalidad, esgrimiendo los ‘populares’ que el ministro presentaba una reforma incompleta, sin el citado MEI, y propugnó la vuelta a la fallida reforma del Gobierno de Rajoy. Para sacar adelante la norma, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos cuenta con los apoyos de ERC y PNV, que avalaron en Comisión la reforma, y la abstención de EH-Bildu.

Se trata de la primera parte de la reforma de pensiones, ya que el Gobierno tiene previsto adoptar nuevas medidas como la adecuación de las carreras de cotización para evitar lagunas que afecten la pensión, el destope de las cotizaciones a nuevos tramos, la mejora de las pensiones mínimas, y la reforma de los planes de pensiones de empresa, cuyo anteproyecto acaba de impulsar en Consejo de Ministros.

TRANSFERENCIA EN PGE Y AUDITORÍA PARA CLARIFICAR LAS CUENTAS

Además de la derogación de los elementos centrales de la reforma del PP –factor de sostenibilidad e índice de revaloración del 0,25% en situaciones de déficit–, la reforma también contempla una batería incentivos y penalizaciones dirigida a retrasar la edad de jubilación efectiva y acercarla a la edad legal, y consagra por ley el refuerzo de los ingresos de la Seguridad Social a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Para ello, establece que cada año las cuentas contemplarán una transferencia para la financiación de beneficios y exenciones en cotizaciones, complementos y prestaciones de carácter social, identificados como gastos asumidos de forma impropia en el sistema.

Precisamente, a instancias de ERC y Bildu, la reforma obliga por ley al Gobierno a encargar una auditoría en el plazo de un mes para cuantificar, en base a todos sus ingresos por cotizaciones, qué factura ha venido asumiendo ajenos al gasto en pensiones contributivas, entre 1967 y 2019, engordando los ‘números rojos’ del sistema.

PENSIÓN DE VIUDEDAD PARA PAREJAS DE HECHO Y LARGAS CARRERAS

Otros cambios incorporados en fase de ponencia es la ampliación en el acceso a la pensión de viudedad por parte de las parejas de hecho, a instancias de Más País-Equo, y el reconocimiento de un complemento a la pensión para carreras de cotización de 40 años que no alcancen 900 euros.

Precisamente la mejora de las pensiones de las personas con largas carreras de cotización cuya jubilación precipitó la anterior crisis ha sido una reclamación constante de los colectivos de pensionistas, tanto durante las negociaciones para el nuevo Pacto de Toledo como en la reforma.

Esta ya recogía complementos en determinados supuestos, que se amplían tras las enmiendas, pero colectivos de pensionistas ya han advertido de su insuficiencia, algo también reconocido por varios grupos. En el articulado también se encarga al Gobierno, a propuesta del PDeCAT, la evaluación de las medidas compensatorias aprobadas para analizar si deben llevarse más allá.

No es el único informe que prevé la reforma, que también encarga otra para analizar la situación de protección social de las personas discapacitadas. Otra medida aprobada en la tramitación parlamentaria es la prolongación hasta los 72 años la jubilación forzosa de notarios y registradores, ambas medidas a propuesta del PDeCAT.

LIGAR LA EVOLUCIÓN DE LAS PENSIONES MÍNIMAS AL SMI

Otra de las cuestiones pendientes de la reforma, y una de las demandas de los socios del Gobierno, es la mejora de las pensiones mínimas, una tarea que la propia reforma reconoce como tarea pendiente al mandatar al Gobierno a abordar una revisión de los criterios para determinar sus cuantías con el fin de garantizar su suficiencia.

Así, según la enmienda aprobada por el Congreso en la reforma, el Gobierno impulsará en el plazo máximo de un año las modificaciones normativas necesarias para establecer reglas relativas a la evolución de estas pensiones teniendo en cuenta la evolución del salario mínimo interprofesional, garantizando la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones.