El Defensor del Pueblo destacó este martes que “gran parte” del empleo creado en España es precario y temporal y pidió que se dote a los servicios públicos de empleo de los recursos necesarios.

Así lo pone de manifiesto esta institución en el informe anual correspondiente al ejercicio 2018 publicado hoy.

El Defensor del Pueblo valora que España es uno de los países de la Eurozona en los que más empleo se ha creado en los últimos años, pero que, pese a ello, la tasa de paro todavía duplica a la de la Eurozona y “gran parte del empleo creado es precario y temporal”.

Este organismo apunta que la lucha contra la precariedad y por el empleo estable y sostenible es una prioridad y requiere un “esfuerzo colectivo del gobierno, las administraciones competentes y los agentes sociales”.

Pone el acento en el colectivo de parados mayores de 45 años por ser los que más dificultades tienen para encontrar un empleo y apunta el “elevado número de quejas” recibidas por desempleados mayores de 50 años. Muchas de estas quejas se refieren a la ineficacia de los servicios públicos de empleo, según apunta el Defensor del Pueblo, porque algunos no han recibido ninguna oferta de trabajo a lo largo de uno o dos años como demandantes de empleo.

Por ello, la institución pide dotar estos servicios de los recursos necesarios para mejorar la prestación del servicio de intermediación.

Del mismo modo, pide evaluar rigurosamente las políticas activas de empleo, “reorientándolas en atención a los resultados obtenidos en sus evaluaciones y a si han alcanzado el fin pretendido”.

FUNCIONARIOS

Por otra parte, en el capítulo referido a función pública, el Defensor del Pueblo señala que, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 2015, España es el tercer Estado miembro con una plantilla pública más envejecida.

Ello supone que, en los próximos años, las administraciones públicas “deberán realizar un importante esfuerzo organizativo, con el objeto de garantizar que los objetivos presupuestarios no incidan en la calidad de los servicios públicos derivada de la merma de empleados públicos o en la precarización del empleo público” por reemplazo de los efectivos que hayan accedido a la jubilación por personal interino.

En materia retributiva, la institución destaca el segundo acuerdo de la legislatura para la mejora del empleo público suscrito entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios el año pasado que recoge una vinculación de los incrementos salariales a la evolución del PIB, de manera que la mejora de la economía se pueda trasladar a las retribuciones de los funcionarios.

Del citado acuerdo, destaca su naturaleza plurianual, que “permite establecer un marco de certidumbre a medio plazo” y «continuar en la senda de recuperación del poder adquisitivo perdido por los empleados públicos durante los años de ajuste presupuestario derivados de la crisis económica a expensas de la evolución del IPC”.

Según el Defensor del Pueblo, esto puede explicar que el año pasado, a diferencia de ejercicios precedentes, las quejas en materia retributiva “no hayan sido muy elevadas”.