Junto a él participaron en esta primera sesión la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el catedrático de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, Ramón Tamames. El defensor del Pueblo comenzó su intervención recordando los últimos datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares correspondiente a 2017 que ponen de manifiesto que el mayor gasto de las familias es el dedicado a la vivienda. Así señaló que el año pasado la media nacional del gasto en vivienda se elevó a 8.774 euros, un 30,1% del total.

En su discurso, Fernández Marugán apuntó que la crisis ha producido cambios en el mercado de vivienda y en el régimen de tenencia. De hecho, España ha dejado de ser uno de los países europeos con mayor propensión a la compra de vivienda.

Además, denunció que hace 15 años se construían diez veces más viviendas de protección oficial (VPO) que hoy. “En 2017 se entregaron las llaves de tan solo 4.938 pisos sociales en toda España”, remarcó.

En su opinión, los problemas más destacados en materia de vivienda son los precios elevados de venta y alquiler, el bajo número de viviendas de alquiler, el reducido nivel de gasto público destinado a ayudas para acceder a la vivienda y las escasas viviendas sociales disponibles. A estos problemas, se une la aparición del alquiler turístico que, a juicio del Defensor, “ha distorsionado el mercado inmobiliario de alquiler residencial tradicional”. También señaló que la precariedad laboral hace que para muchos hogares “el alquiler no sea una opción sino una necesidad”.

En este sentido, el Defensor abogó por un cambio en la política de vivienda. En su opinión, “es urgente formular una oferta pública a favor del alquiler social para que los colectivos más desfavorecidos y los jóvenes puedan emanciparse y construir un proyecto de vida propio y autónomo”.

El Defensor terminó su intervención apuntando que ha recibido con satisfacción el anuncio del Gobierno de poner en marcha medidas para que crezca la oferta de pisos en alquiler, dejen de escalar los precios y se facilite el acceso a la vivienda de jóvenes y familias de rentas bajas.

Fernández Marugán aseguró que “hemos vivido un periodo de retroceso en política de vivienda que nos ha conducido a estar entre los países europeos con menor nivel de protección social en un bien tan esencial como éste”.

Por este motivo, confía en que el conjunto de medidas anunciadas por el Gobierno se hagan realidad lo antes posible para ayudar especialmente a las familias con menos recursos y a los jóvenes y para evitar una nueva burbuja de precios de la vivienda que desestabilice otra vez la economía.