Según informó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el resultado negativo es producto de unos derechos reconocidos o ingresos por operaciones no financieras de 97.797,62 millones y unas obligaciones reconocidas o gastos de 102.956,22 millones.

Estos ingresos crecieron un 14,01% en comparación con el mismo periodo del año anterior y los gastos aumentaron un 11,74%.

Del volumen total de derechos reconocidos, el 92,46% corresponde a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y el 7,54% restante a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. En cuanto a las obligaciones, el 88,55% ha sido reconocido por las entidades gestoras y el 11,45% por las mutuas.

En términos de caja, la recaudación líquida del Sistema alcanzó los 94.934,15 millones, un 14,5% más que hace un año, debido en gran medida a las transferencias del Estado. Por su parte, los pagos arrojaron un aumento del 11,86%, hasta un total de 102.866,29 millones.

INGRESOS NO FINANCIEROS

Entre enero y julio, los ingresos por cotizaciones sociales ascendieron a 69.019,88 millones, un 3,8% menos que en 2019, debido al descenso en la cotización de ocupados en un 6,67% y al incremento de la de los desempleados en un 44,91%.

El Ministerio explicó que el descenso en la cotización de ocupados tiene su origen en las distintas medidas que se han puesto en marcha para hacer frente a la pandemia, como la exoneración de cuotas para las empresas acogidas a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor y para aquellos autónomos perceptores de la prestación extraordinaria.

Indicó que las exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social supusieron 1.976,49 millones menos de ingresos hasta junio. Además, las moratorias en el pago de cotizaciones para empresas y autónomos y las devoluciones de cuota a los autónomos beneficiarios de la prestación extraordinaria representaron 441,19 millones menos.

Las transferencias corrientes ascendieron a 28.015,16 millones, un 117,13% más frente a 2019 por las transferencias recibidas del Estado, y particularmente, a la de 14.002,59 millones destinada a equilibrar las cuentas de la Seguridad Social ante el impacto de la pandemia.

GASTOS

Los gastos en prestaciones económicas a familias e instituciones alcanzaron los 93.820,58 millones, un 8,56% más que en el mismo periodo de 2019. La mayor partida, 87.009,79 millones, correspondió a pensiones y prestaciones contributivas, con un crecimiento interanual del 9,19%.

Las pensiones (invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares) se elevaron un 3,04%, hasta 75.078,02 millones, por el aumento en el número de pensionistas, en la cuantía de la pensión media y por la revalorización del 0,9% aplicada en 2020.

Las prestaciones relativas a nacimiento y cuidado del menor, éstas se elevaron hasta los 1.674,56 millones, un 13,87% más, por el aumento del permiso por paternidad de ocho a 12 semanas.

El gasto total en incapacidad temporal repuntó un 22,94%, hasta totalizar 6.278,81 millones, y el coste de la incapacidad temporal por contingencias profesionales creció un 66,53% por los procesos derivados del Covid-19.

La Seguridad Social también pagó 3.580,02 millones en la prestación extraordinaria para autónomos hasta julio.

Por su parte, en pensiones y prestaciones no contributivas se abonaron 6.810,79 millones, un 1,05% más.

A 31 de julio, el gasto en el Ingreso Mínimo Vital se cifra en 33,36 millones, correspondientes a nóminas de prestaciones reconocidas en el mes de junio, mientras que las nóminas de prestaciones reconocidas del mes de julio se abonan e imputan a presupuesto en el mes de agosto. Los gastos de gestión marcaron un retroceso del 1,3% interanual.