El Ministerio de Hacienda informó este jueves de los datos de ejecución presupuestaria hasta julio. Según el Gobierno, el déficit consolidado de administración central, comunidades autónomas y Seguridad Social del mes de junio se sitúa en el 6,12% del PIB, excluyendo la ayuda financiera.

Según Servimedia, en los siete primeros meses del año, el déficit del Estado alcanzó los 60.413 millones y el 5,4% del PIB. Si se deduce el efecto del gasto en intereses (déficit primario) la cifra se sitúa en el 4,2%.

Esta evolución se explica por una bajada de los recursos del 15,8% como consecuencia de la situación económica derivada de la crisis sanitaria y por un incremento del gasto del 21,4% debido al aumento de programas sanitarios, así como por las mayores transferencias a Seguridad Social y comunidades autónomas.

RECURSOS NO FINANCIEROS

Los recursos no financieros se sitúan en 95.716 millones, lo que supone una disminución del 15,8% respecto a 2019. Los ingresos correspondientes al mes de julio están afectados, de manera similar a lo que viene ocurriendo en meses anteriores, por la situación económica derivada de la crisis sanitaria.

Así, los recursos impositivos -representan el 80% del total- se sitúan en 76.619 millones, lo que supone una disminución del 18,4%. Retroceden la mayor parte de las figuras tributarias. Destacan, por un lado, el descenso del 14,0% de los impuestos sobre la producción y las importaciones, entre los cuales el IVA baja un 16,4%, hasta los 37.353 millones.

Este comportamiento se debe al menor consumo derivado de la caída de la actividad y a la minoración de ingresos de medidas necesarias para mitigar los efectos de la pandemia. Por ejemplo, la aplicación del tipo cero en el IVA de las mascarillas y demás material sanitario adquirido por hospitales, organismos públicos y entidades privadas de carácter social para hacer frente al Covid. Pese a todo, la reducción de la recaudación del IVA en julio es inferior a la experimentada en el mes anterior.

Por su parte, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio descienden un 25,8%. El Impuesto sobre Sociedades baja un 14,0% y el IRPF un 29,4% como consecuencia, en gran parte, de las mayores entregas a cuenta y el mayor resultado a favor de las comunidades de la liquidación definitiva de 2018 respecto al ejercicio anterior, a lo que hay que sumar el parón de la actividad.

Por último, también descienden los impuestos sobre el capital un 78,5% y las cotizaciones sociales un 0,9%, fundamentalmente por la progresiva sustitución de empleados activos con Régimen de Clases Pasivas por otros con Régimen de Seguridad Social.

MÁS EMPLEOS

En lo que respecta al resto de recursos que siguen la misma tendencia descendente, destacan dividendos y otras rentas, que caen un 33,4% así como los intereses, que disminuyen un 18,2%. Es reseñable el buen comportamiento de los dividendos del Banco de España, que crecen respecto al año anterior, compensando el descenso registrado en los dividendos de Enaire en 2020.

Hasta julio los empleos no financieros han ascendido a 156.129 millones, cifra superior en un 21,4% a la registrada en el mismo periodo de 2019. Los aumentos de gasto más destacados se han producido en las transferencias a las comunidades y a la Seguridad Social.

Las transferencias a las autonomías aumentan tanto por la actualización de las entregas a cuenta realizada en marzo y abril, como por la mayor liquidación definitiva del sistema de financiación del año 2018 respecto a la efectuada en el ejercicio anterior.

El objetivo de estas medidas es garantizar a las CCAA los recursos necesarios para hacer frente a la pandemia y que puedan seguir prestando servicios públicos esenciales de calidad. A lo anterior hay que sumar el pago de 6.000 millones del primer tramo del Fondo Covid-19, cuyo importe total asciende a 16.000 millones.

Este fondo no reembolsable -las regiones no lo tienen que devolver- se distribuye teniendo en cuenta los costes derivados de la pandemia en el sistema sanitario, educativo, así como para compensar la caída de los ingresos fiscales autonómicos.

Además de este aumento en las transferencias del sistema de financiación, las comunidades han recibido, entre otros, 206 millones destinados a la cobertura de gastos originados en el Sistema Nacional de Salud, 300 millones al Fondo Social Extraordinario para la financiación de prestaciones básicas de los servicios sociales, 25 millones al Fondo de alimentación, 10 millones por medidas excepcionales por el coronavirus en el sector ganadero y 447 millones de subvenciones al Plan Estatal de Vivienda.

Los consumos intermedios se incrementan en un 20,1%, crecimiento en el que inciden los 832 millones de gastos derivados de la Covid-19, sin correspondencia en el año anterior. La remuneración de asalariados ha aumentado un 0,8% debido, a la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos.

Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie aumentan un 3,6%, cifra que recoge la actualización de las pensiones de clases pasivas del 0,9%, y las transferencias sociales en especie crecen hasta los 231 millones.

Destaca también el incremento de la inversión en un 69,1%, aumento que se explica fundamentalmente por la operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7).

Estos ascensos se ven compensados en parte por el descenso de un 12,1% de los intereses, por la menor aportación a la UE basada en el IVA y la RNB en 277 millones, así como por la disminución de las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital, en un 47,0%, como consecuencia de la devolución del gravamen por prestación de maternidad y paternidad en 2019 por importe de 723 millones, y sin correspondencia en 2020.