Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre ha sido detenido en una operación anticorrupción municipal ordenada por la Audiencia Nacional. El exalcalde de Valdemoro está acusado de presuntamente hacer favores políticos a cambio de dinero.
La operación está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Eloy Velasco, y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Las detenciones y los numerosos registros los está realizando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Hace unos meses Granados volvía a ser noticia por tener que abandonar su acta de diputado en la Asamblea de Madrid y senador tras reconocer que había tenido una cuenta en Suiza que, según confirmaba, había cerrado en el año 2000. Recordemos que tener una cuenta en el extranjero y en paraísos fiscales es posible si se declara a la Agencia Tributaria. Sin embargo, desde el pasado enero una ley promovida por el Ministerio de Hacienda, obliga a las personas físicas y jurídicas a identificar cuentas y bienes en el extranjero. De hecho, se podía hacer la declaración hasta el 30 del pasado abril, con la famosa Amnistía Fiscal del Gobierno.
Macroredada con 51 detenidos
Se han detenido a un total de 51 personas en Madrid, Valencia, León y Murcia. Según la Fiscalía Anticorrupción, también se han dirigido 400 mandamientos a entidades bancarias, 259 mandamientos a registros de la propiedad y 30 embargos preventivos de vehículos.
Granados junto a otras 50 personas firmó sólo en los dos últimos años adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales. En esta operación también han sido detenidos el alcalde de Parla, el socialista José María Fraile, así como José Carlos Boza, alcalde de la localidad de Valdemoro. También ha sido detenido el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, sustituto de la fallecida Isabel Carrasco.
se le imputan los delitos de Blanqueo de Capitales, Falsificación de Documentos, Delitos Fiscales, Cohecho, Tráfico de Influencias, Malversación de Caudales, Prevaricación , Revelación de Secretos, Negociaciones prohibidas a funcionarios, Fraudes contra la Administración y Organización Criminal.
En su comunicado, el Ministerio Público habla de «una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías con la connivencia de ediles municipales, funcionarios, empresarios de constructoras, obras y servicios energéticos».
