La Fiscalía del Tribunal de Cuentas aún no ha decidido si imputará o no responsabilidades al PP, el PSOE y otros partidos por las deficiencias detectadas en el informe de fiscalización de las formaciones políticas en el ejercicio 2012.

Así lo ha señalado la institución en un comunicado en el que se refiere a una información publicada por el diario ‘El País’ según la cual el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo González Soler, ha expuesto en un informe la posibilidad de que haya indicios de delito en la contabilidad de varios partidos políticos de 2012.

Según señala la Fiscalía, se trata de un documento interno derivado del informe de fiscalización que realizó en su día el Tribunal de Cuentas y que su presidente, Ramón Álvarez de Miranda, ya presentó ante el Parlamento.

TIENE QUE OPINAR EL AUTOR DE LA AUDITORÍA

En ese sentido, subraya que, cuando la Fiscalía del Tribunal de Cuentas advierte la existencia de hechos de los que, en su opinión, se pudieran derivar responsabilidades de cualquier clase, los pone en conocimiento del Departamento o Unidad fiscalizadora correspondiente, iniciándose así un procedimiento interno que culmina adoptando la decisión que resulte procedente en cada caso.

Recuerda también que, «en no pocas ocasiones el referido escrito de la Fiscalía da lugar a que, por parte del Departamento o Unidad a que se dirige, se realicen aclaraciones o se completen las actuaciones fiscalizadoras, cuyos resultados son comunicados oportunamente a la Fiscalía, la cual, a la vista de los mismos, debe adoptar la decisión que considere adecuada».

En ese proceso se halla el escrito del fiscal sobre el caso del informe de fiscalización de los partidos de 2012, por lo que «todavía no se ha adoptado decisión definitiva alguna». «Es, por tanto, la publicada una noticia prematura», subraya.

QUEDA INFORMACIÓN POR RECIBIR

En ese sentido, precisa que, antes de tomarse una decisión, la Fiscalía debe valorar la respuesta que emita la Unidad que fiscalizó las cuentas de los partidos, «en la que se amplía la información contenida en el Informe de Fiscalización y se proporcionan explicaciones complementarias sobre la licitud de los hechos que la Fiscalía consideró, con carácter preliminar, que podían tener relevancia penal».

Y añade que, entre esa información pendiente, «cabe destacar la que guarda relación con el alcance de la obligación legal que, en el ejercicio 2012, pesaba sobre las formaciones políticas de consolidar en las cuentas anuales las de su organización local».

EUROPA PRESS