La institución que dirige Christine Lagarde ha elaborado un documento en el que enumera las deficiencias de la normativa española en este aspecto, un texto que analizará en una reunión con el ejecutivo la semana que viene. Documento al que ha tenido acceso Expansión.

La principal crítica recae en que la normativa no respalda a las microempresas, las de menos de 10 trabajadores, y las que suponen el 95% del tejido empresarial español. Dice el documento que en el caso de que las cosas vayan mal, los acreedores acaban tomando en prenda hipotecas de activos personales de los dueños y directivos.
Y aquí empieza la espiral de la que alerta el FMI. En este tipo de empresas el fracaso comercial a menudo conlleva la insolvencia personal y familiar.

Pero hay otro “pero” importante. El Fondo alerta de que la mayoría de la deuda de las pymes se contrae con acreedores privilegiados (Hacienda y seguridad social), lo que en el caso de problemas, es difícil que no haya otro fin que no sea la liquidación automática. No ayuda tampoco, dice el Fondo la lentitud de la justicia para poner punto y final a estos procesos.