El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dado su visto bueno al plan fiscal de Uruguay, caracterizado por una rebaja de impuestos, así como la reforma estructural del sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad o los distintos acuerdos comerciales que el país está estudiando.

Además, según las conclusiones finales del personal técnico del FMI tras su visita a Uruguay para la elaboración del ‘Artículo IV’, las autoridades han realizado esfuerzos para mantenerse dentro de los objetivos de las reglas fiscales al tiempo que han logrado proteger a los más vulnerables.

En el corto plazo, el plan de las autoridades es «consistente». Con todo, el principal riesgo a corto plazo para la política fiscal es cómo la intensidad y la duración de la sequía actual afectarán la actividad económica, aunque el FMI ha apuntado que se da «cierto espacio fiscal» para enfrentar este problema.

Por su parte, respecto a la rebaja de impuestos recientemente anunciada, según el organismo supone una reducción estructural de los ingresos que requerirá que el gasto real crezca a un ritmo más lento, pero es algo que ya está contemplado en el plan del Gobierno.

ECONOMÍA RESILIENTE

En términos macroeconómicos, la economía de Uruguay se muestra resiliente, lo que le permitirá tener un crecimiento en torno al 2% en 2023 pese a los efectos inciertos que tendrá la sequía. En concreto, factores como una «fuerte» temporada de turismo, una mayor producción y exportación de celulosa y un consumo privado sólido a medida que se recuperan los salarios reales impulsarán la economía uruguaya.

En la misma línea, tanto la alta calidad institucional como la fuerte gobernanza son elementos relevantes para garantizar esta resiliencia. «El sólido historial de las autoridades en la implementación de políticas macroeconómicas acertadas en un entorno desafiante ha mejorado la resiliencia del país ante los shocks», recoge el informe técnico.

Finalmente, en el plano monetario, el FMI ha avalado la «adecuada» postura del banco central del país, al mismo tiempo que le ha instado a mantener la actual política contractiva, hasta que la inflación haya convergido dentro del rango meta de manera sostenida.