El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene previsto mantener una reunión con la directora gerente de la institución, Kristalina Georgieva, para conocer su versión acerca de las acusaciones que apuntan a que la economista búlgara ofreció un presunto trato de favor a China durante su gestión al frente del Banco Mundial para mejorar los resultados del gigante asiático en el informe ‘Doing Business’.

En un comunicado, el órgano de gestión del FMI informó de que había mantenido una reunión este lunes con representantes del bufete de abogados WilmerHale, responsable de la auditoría encargada por el Banco Mundial sobre las presuntas presiones de la dirección de la institución para favorecer a China, como parte de su revisión en curso del asunto.

«La Ejecutiva también se reunirá pronto sobre el tema con la directora gerente como parte de este proceso», confirmó el FMI, que subrayó el compromiso de la institución con una revisión exhaustiva, objetiva y oportuna.

La semana pasada, el Directorio del FMI llevó a cabo una sesión informativa inicial por parte del Comité de Ética del organismo sobre las acusaciones contra Georgieva en la que tuvo un intercambio de opiniones «preliminar» sobre el informe acusatorio y sobre el comunicado de Georgieva desmintiéndolo.

El Banco Mundial decidió cancelar de forma indefinida su popular informe ‘Doing Business’ debido a que una revisión externa concluyó que varios altos cargos de la institución realizaron presiones al personal del organismo para mejorar la posición de China en los rankings de las ediciones de 2018 y de 2020.

El informe acusa directamente al entonces presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, y a la consejera delegada de la entidad, en ese momento Kristalina Georgieva. Según el documento, la ahora directora gerente del FMI presionó al personal del Banco Mundial para realizar «cambios específicos» en algunos datos de China para elevar su puesto en la clasificación.

En el equipo responsable de ‘Doing Business’ existía una «cultura tóxica» y «miedo a las represalias» que pudieran existir. «Los empleados sentían que no podían desafiar una orden del presidente o de la consejera delegada sin arriesgarse a perder sus empleos», refleja el informe.

Georgieva subrayó tras leer la acusación que estaba «profundamente» en desacuerdo con las conclusiones e interpretaciones del informe.