Se amplían las condiciones para acceder a ellos
Esta mañana se ha firmado un nuevo convenio que amplía en 3.974 los inmuebles que las entidades bancarias destinan al Fondo Social de Vivienda. De esta forma, son ya 9.866 los alojamientos ofertados. Sin embargo, ha decrecido en cuatro las entidades que ofrecen las viviendas a las que pueden recurrir aquellas personas en riesgo de vulnerabilidad.
El Fondo Social de Vivienda es una iniciativa creada en 2013 por el Gobierno, Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Plataforma del Tercer Sector, patronales bancarias y 33 entidades financieras para poner aquellas viviendas que están en manos de los bancos debido a un impago de la hipoteca a partir del 1 de enero de 2008 a disposición de familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Los arrendatarios alquilan la vivienda por un precio de entre 150 y 400 euros, con un máximo del 30 por ciento de los ingresos netos totales de la unidad familiar, para un periodo de dos años con posibilidad de ampliación a otros dos. Para acceder a él, el conjunto de los ingresos mensuales de la familia no pueden superar los 1.597 euros, tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples, y ningún miembro de la unidad familiar puede disponer de una vivienda en propiedad.
Más familias que se pueden beneficiar
Las condiciones se fueron ampliando a lo largo del tiempo. En un primer momento, podían solicitar el FSV las familias numerosas; las unidades familiares monoparentales con dos o más hijos a su cargo; aquellas de las que forme parte algún menor de tres años; familias que tengan algún miembro con una discapacidad superior al 33 por ciento, una situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente para realizar una actividad laboral; familias en las que el deudor se encuentre sin trabajo y haya agotado la prestación por desempleo; y aquellas en las que exista una persona víctima de violencia de género.
Con el objetivo de ampliar el número de beneficiados, se ampliaron las condiciones de forma que a partir de mayo de 2015 podían solicitar el Fondo las familias con hijos menores de edad (antes no podían superar los tres años) y los jubilados o prejubilados que hayan ofrecido su vivienda como aval a una hipoteca firmada por sus hijos o nietos. En la firma de hoy también se han ampliado algunas condiciones relativas a las familias, de forma que pueden solicitar la vivienda las personas mayores de 60 años, matrimonios o parejas de hecho sin hijos y deudores no hipotecarios.
Otra modificación data de mayo de 2014, en la que se incluyó que las familias que perdían su vivienda y se acogían al FSV podrían continuar en ella pagando el pequeño alquiler indicado en las condiciones del Fondo ya que el inmueble pasaba a manos de la entidad financiera.
3.507 solicitudes en el primer bienio
Entre sus dos primeros años, el FSV ha recibido 3.507 solicitudes. De ellas, 1.446 se produjeron en 2013 y 2.061 en 2014, un 42 por ciento más que en el año anterior debido a las sucesivas ampliaciones que se llevaron a cabo.
Del total de solicitudes, 2.230 fueron aceptadas, 1.003 rechazadas y las 274 restantes estaban pendientes de examinar a final del ejercicio.
Gran papel de las entidades bancarias
Adicionalmente a las modificaciones del FSV, las entidades financieras han llevado a cabo numerosas iniciativas que tienen como objetivo ayudar a las familias con problemas para afrontar el pago de su deuda hipotecaria y que, por lo tanto, no pierdan sus viviendas.
En este sentido, han renegociado y mejorado las condiciones hipotecarias a más de 500.000 familias, lo cual les ha permitido continuar con los pagos y evitar la pérdida de la vivienda; ha suspendido el deshaucio de sus viviendas a un importante número de deudores; y han aceptado la quita de deuda y han ofrecido donaciones en pago a familias en riegos de exclusión, facilitándoles un alquiler social en la vivienda que habitaban hasta el momento.
Yasmina Pena
Yasmina Pena
