El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha remitido a la Fiscalía un expediente sobre materia retributiva y de previsión social de la alta dirección de Caja Madrid con un perjuicio económico estimado para la entidad de 14,8 millones de euros, según ha informado el organismo en un comunicado.

Estas posibles irregularidades se refieren fundamentalmente al periodo comprendido entre 2007 y 2010. El grueso de esta etapa investigada fue bajo la presidencia de Miguel Blesa, quien lideró la caja madrileña entre septiembre de 1996 y enero de 2010, cuando cedió el testigo a Rodrigo Rato.

Tras la revisión de estas operaciones, el FROB encargó un estudio ‘forensic’ a terceros independientes para analizar eventuales responsabilidades de administradores y directivos de la entidad.

El expediente de Caja Madrid remitido a la Fiscalía analiza cuatro tipos de actuaciones concretas, en las cuales se habría podido producir el cobro por parte de altos directivos de la entidad de «percepciones excesivas», indica el organismo dependiente del Ministerio de Economía, que especifica que «en algunos casos» no existió además constancia del cumplimiento de trámites como el paso por los órganos de gobierno.

SUBIDA SALARIAL QUE LLEGÓ A SUPERAR EL 26%.

En concreto, el FROB subraya que en 2008 se aplicó a los miembros de la alta dirección de Caja Madrid una subida salarial «significativamente mayor» que la debida, que algunos casos llegó a superar el 26%. Para este incremento se tomaba supuestamente como referencia una masa salarial mayor que la realmente existente en ese momento. «El aumento global se repartió entre un menor número de miembros de la dirección», indica el fondo.

En cuanto a la retribución fija de esos directivos en tanto han estado vinculados a la entidad, indica que ha supuesto una posible percepción «indebida» para esas personas de algo más de 2 millones en conjunto y subraya que estos incrementos sirvieron de base para el cálculo de indemnización posteriores.

Por su parte, el salario variable de la alta dirección de Caja Madrid arroja un posible ajuste por «exceso de percepciones» de 1,8 millones ante el exceso de incremento salarial del punto previo, la ausencia de documentación que soportara la fijación de objetivos y el grado de cumplimiento de los mismos en el período comprendido entre 2008 y 2010. «También en este caso se produjo un efecto sobre las indemnizaciones objeto de análisis», agrega el organismo.

IRREGULARIDADES EN PLANES DE PENSIONES.

Los informes también han detectado prácticas supuestamente irregulares en las aportaciones de los planes de pensiones. El FROB sospecha que se sustituía la parte que excedía del máximo deducible en el IRPF por una gratificación extraordinaria para los miembros de la alta dirección.

Esta gratificación se elevaba al bruto con el fin de que una vez practicadas las correspondientes retenciones se evitara el impacto fiscal a sus perceptores. Esta práctica ha podido suponer un perjuicio patrimonial de 1,84 millones de euros.

BONUS E INDEMNIZACIONES CON UN PERJUICIO DE 9 MILLONES.

Finalmente, el fondo de reestructuración ha detectado posibles irregularidades en la extinción de varios contratos de altos directivos, así como en los pagos que se realizaron en conceptos como pacto de no recurrencias, bonus o indemnizaciones, especialmente entre 2009 y 2010. Estas prácticas podrían suponer un perjuicio económico para Caja Madrid de 9,1 millones de euros.

El FROB ha reivindicado que como órgano encargado de la gestión de los procesos de reestructuración de las entidades de crédito ha de velar por el resarcimiento del daño causado «por operaciones no ajustadas a derecho».

27 OPERACIONES ENVIADAS A LA FISCALÍA.

Hasta la fecha, el organismo liderado por Antonio Carrascosa ha contratado un total de 90 análisis ‘forensic’ que han producido 27 operaciones detectas en diversas entidades y enviadas a la Fiscalía, en el marco del protocolo de actuación previo al ejercicio de acciones judiciales.

«El FROB cumple con la obligación de dotar de la máxima transparencia todo el proceso, habida cuenta del esfuerzo realizado por la sociedad española para el saneamiento y recapitalización de las entidades afectadas», explica el fondo.

Por último, el organismo prevé seguir remitiendo a la Fiscalía los casos en los que existan indicios de «vulneración de la normas» a medida que se concluyan los restantes análisis ‘forensic’.