El Gobierno no aclara cuánto se ahorrará mediante la contratación centralizada de los viajes del personal al servicio de la Administración General del Estado, que se efectuará mediante cuatro lotes diferentes de dos años de duración cada uno, aunque asegura que no se afectará a la competencia y que el nuevo sistema no perjudicará a las pymes que hasta ahora participaban en las licitaciones de este servicio.

Así lo señala en respuesta a la secretaria de Estudios y Programas del PSOE y diputada por Barcelona, Maritxell Batet, quien se interesó por los ahorros que el Ejecutivo espera obtener con esta nueva fórmula de contratación y su sostenibilidad en el tiempo, así como por los efectos en términos de competencia que la convocatoria de contratos unificados podría tener sobre las agencias de viajes.

«¿Está el Gobierno en disposición de afirmar que no va a existir ninguna merma en términos de calidad del servicio contratado? ¿Cómo puede garantizar que esto será así? ¿Qué efectos en términos de mantenimiento de empresas y empleos en el sector de agencias de viaje tendrá? ¿Se han valorado los efectos sobre las pequeñas y medianas empresas del sector?», preguntó la diputada catalana.

EN TODOS LOS MINISTERIOS

En su respuesta, el Gobierno recuerda que el servicio de gestión de viajes existe en «todos los ministerios y la mayoría de organismos», con requisitos «bastante estandarizados» y un volumen de gasto «apreciable», por lo que unificar su contratación puede conllevar una mejora de la eficiencia importante y la obtención de precios más competitivos «gracias a los volúmenes» que se manejan.

No obstante, no aclara cuánto dinero menos pagarán ahora las administraciones públicas por este servicio, sino que se limita a señalar que «se espera obtener un ahorro sobre el importe anual que actualmente supone la contratación de viajes en la Administración General del Estado».

Un menor gasto derivado de la agregación del volumen de contratación, que permitirá conseguir «acuerdos globales» y «mejores precios y rápeles» por un mayor volumen de contratación; del fin de la «disparidad» de requisitos, precios, acuerdos y políticas en esta materia; de la obtención de un «servicio integral» y del uso de las nuevas tecnologías para conocer «detalladamente» el perfil de los viajes, de modo que se pueda «mejorar la planificación y la eficiencia del gasto en el tiempo», aumentando a la vez la calidad del servicio «de forma homogénea y paralela en todos los centros».

De hecho, el Gobierno cuenta con que los más beneficiados por la centralización de la contratación sean las administraciones más pequeñas, que podrán beneficiarse de las ventajas que consiguen los centros más grandes.

AFECCIÓN A LA COMPETENCIA

En este sentido, la respuesta parlamentaria aclara que el contrato centralizado se licitará en cuatro lotes de diferente tamaño en función del ámbito, con una duración de unos dos años con posibilidad de prórroga, de modo que «la renovación del sector sea continua y permita mejorar la conformación técnica del contrato» cada poco tiempo, sin causar un «cierre del mercado muy largo».

De este modo se garantiza que pueda haber más de un adjudicatario y que las pequeñas y medianas empresas «con capacidad suficiente para atender el volumen» de los contratos puedan participar en las licitaciones, con lo que el impacto sobre la competencia en el sector de las agencias de viaje «no será mucho mayor que el producido por el actual sistema de licitación».

No obstante, el Gobierno sí reconoce que por «la propia dinámica de los mercados y la competencia, el volumen y las necesidades de atención de estos grandes contratos», así como por la «necesaria importancia que debe darse al factor precio» a las empresas pequeñas les resulta «más costoso» acceder a estas licitaciones, algo que en cualquier caso ya sucede con el actual mecanismo de adjudicación.

Por último, señala que existirá una Comisión de Seguimiento del contrato que será el garante último de que se cumplen las políticas establecidas en relación con los viajes, los requisitos de los pliegos, los precios y servicios contratados, los acuerdos alcanzados y las penalidades por incumplimiento.

EUROPA PRESS