El Gobierno ha asegurado que la orden transmitida a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) el pasado diciembre de adquirir hasta un 10% del accionariado de Telefónica «se mantiene» a pesar de que el Ejecutivo haya decidido renunciar a la presentación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 (se prorrogarán los de 2023), según han señalado a Europa Press en fuentes oficiales.
El mandato del Gobierno a la SEPI se produjo en respuesta al sorpresivo desembarco de la operadora saudí STC en el accionariado de Telefónica el pasado septiembre, cuando anunció la compra de un 9,9% –un 4,9% en acciones directas y un 5% en derivados financieros– del grupo presidido por José María Álvarez-Pallete.
Sin embargo, la renuncia a presentar los Presupuestos Generales de 2024 ha provocado dudas en torno a cómo procederá el Gobierno para ejecutar su entrada en el accionariado de Telefónica.
Al precio de mercado actual, el coste de adquirir un 10% de Telefónica se situaría en unos 2.200 millones de euros, con la cotización de la compañía en 3,87 euros al cierre de la jornada bursátil de este pasado jueves.
Si bien el Gobierno no ha revelado de qué modo financiará esta operación, una de las principales hipótesis apuntaba a hacerlo a través de una inyección de fondos a la SEPI a través de los Presupuestos Generales del Estado.
No obstante, desde el Ejecutivo subrayan que esta no es la primera vez que se prorrogan los Presupuestos Generales y que existen diversos métodos para sacar adelante la operación.
Si bien las fuentes del Gobierno consultadas por Europa Press no han detallado cuáles son esas alternativas, han recalcado que el mandato a la SEPI «se mantiene».
En relación con la decisión de no presentar unos nuevos PGE para 2024 y su vinculación con la entrada del Estado en Telefónica, los analistas de Sabadell consideran que supone una «noticia negativa de impacto limitado hasta que haya más claridad respecto a posibles alternativas para facilitar la entrada en el accionariado, cuya voluntad ha sido reafirmada recientemente por el Gobierno».
Asimismo, los analistas de la entidad financiera han subrayado que, según sus cálculos, si se asume una compra de un máximo del 25% del volumen medio diario, la adquisición del 10% del capital de Telefónica se extendería unos 206 días, es decir, entre seis y siete meses.
CREACIÓN DE LA SETT
En este contexto, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 5 de marzo la tramitación urgente del real decreto por el que se regulan las condiciones de transformación de la Sociedad Estatal de Microelectrónica y Semiconductores (SEMyS) en la nueva Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), bautizada coloquialmente como ‘SEPI Digital’ y con la que se prevé controlar la entrada del Estado en Telefónica.
Al ser preguntado sobre el encaje que tendría que la SETT gestionase la participación estatal en Telefónica, el ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, señaló que «tendría sentido», aunque añadió que «habrá que verlo con el tiempo».
Así, uno de los escenarios posibles es que la SEPI decida retrasar el comienzo de la compra de acciones de Telefónica y espere a la constitución de la SETT –algo que se prevé que tendrá lugar en mayo– para que sea quien se encargue directamente de ejecutar la operación.
Otra opción es que SEPI arranque el proceso y que en torno al verano, cuando la nueva empresa pública ya esté en funcionamiento, traspase a la SETT la participación que haya adquirido hasta el momento y que la nueva empresa pública culmine la adquisición del paquete accionarial del 10%.
La tercera posibilidad es que la SEPI complete la operación a su ritmo y que, una vez culminada, se traspase a la SETT el 10% de Telefónica. No obstante, la opción de que el holding que preside Belén Gualda sea quien se quede con la participación estatal en Telefónica también está abierta.
