En respuesta a una pregunta escrita de la diputada de Unidos Podemos Yolanda Díaz, a la que ha tenido acceso Servimedia, el Ejecutivo afirma que el anteproyecto de ley que vio el Gobierno el pasado 19 de octubre por el que se crea el impuesto sobre determinados servicios digitales, «se enmarca en la reforma fiscal emprendida para adaptar la tributación a los nuevos modelos de negocio digital y adecuarlo a la economía del siglo XXI».

«Este anteproyecto de ley va en línea con la directiva comunitaria propuesta el pasado mes de marzo para gravar esos servicios digitales, de forma que España será el primer país de la UE que se adapta a la estructura prevista por esta propuesta de directiva», se indica en la respuesta.

El Ejecutivo recuerda que las empresas objeto de este impuesto serán aquellas con un importe neto de su cifra de negocios superior a los 750 millones de euros a nivel mundial y cuyos ingresos derivados de los servicios digitales afectados por el impuesto superen los tres millones de euros en España.

«Estos umbrales ayudan a garantizar que sólo se grave a las grandes empresas y que las pymes no sean gravadas por este impuesto. El tipo impositivo que se aplicará será del tres por ciento, en línea con la propuesta de la Comisión Europea, y se establece que, para poder aplicar el impuesto, el usuario de dichos servicios esté situado en territorio español», agrega el Gobierno.