Así lo anunció este jueves Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó el real decreto ley para que sean las entidades financieras y no los clientes los que soporten el tributo en las hipotecas.

Montero detalló que el real decreto introduce un párrafo dentro del artículo 29 del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para que sea la banca quien pague el impuesto sobre las hipotecas, y además el Ejecutivo también modifica el artículo 25 de la norma de Impuestos de Sociedades para que dicho coste sea “no deducible”.

La ministra explicó que el Gobierno ha actuado tras la “gran alarma social” y la “inseguridad jurídica” generada por el Tribunal Supremo con la sentencia que obligaba al cliente a seguir pagando el tributo.

“Lamentamos el cambio de criterio”, refirió, señalando que el Ejecutivo busca “garantizar la seguridad jurídica” con la reforma de la norma, y detalló que trabaja en paralelo el Ministerio de Economía para crear una autoridad de defensa de los consumidores que vigilará que no se cometen abusos en servicios financieros.

Esta modificación entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, que previsiblemente se producirá mañana, viernes, pero tendrá que ser convalidado por las Cortes Generales.

En este sentido, la titular de Hacienda mostró su confianza en que la iniciativa “contará con un gran apoyo” en el Congreso de los Diputados y el Senado, basándose en las declaraciones del resto de formaciones políticas.

Sobre este punto, además, criticó “las contradicciones” mostradas por el PP, al señalar que la formación liderada por Pablo Casado denuncia “la indefensión de los ciudadanos” pero “cuando el Gobierno toma la iniciativa da la sensación de que no le gusta”. “Yo espero que el PP, cuando se tramite, vote a favor”, agregó.

Por otro lado, preguntada por qué el PSOE no ha suprimido o rebajado con anterioridad el impuesto en aquellas comunidades autónomas en las que gobierna, la ministra explicó que este tributo “aporta a las arcas autonómicas en torno a 2.000 millones al año” y que, al ser las autonomías las responsables de proveer servicios y derechos como la sanidad o la educación, “necesitan recursos para hacer efectivos los derechos de los ciudadanos”.

Así, afirmó que las comunidades autónomas que tienen una peor financiación per cápita “tienen que hacer mayor uso de los elementos normativos, en contraste con otras que tienen mayores recursos y que bajan el tipo” en los impuestos.

Por último, Montero indicó que el Gobierno convocará la próxima semana a la Comisión de Tributos, que se ocupará de dar todas las aclaraciones técnicas a las comunidades autónomas.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, María Isabel Celaá, señaló que “antes de producirse la controvertida sentencia del Supremo, este Gobierno ya había manifestado su voluntad de estar junto a los ciudadanos y prestar el apoyo necesario a las comunidades autónomas”.

“Esta mañana, con todo respeto a la autoridad judicial que emitió ayer su veredicto, el Gobierno ha procedido a cumplir con su deber en su capacidad ejecutiva”, afirmó, añadiendo que el real decreto ley “hará precisar con toda claridad quién ha de pagar el impuesto” y que entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOE, que previsiblemente tendrá lugar mañana, viernes.

“En esto el Gobierno muestra una vez más sus responsabilidad y rapidez en la actuación en el momento de estar junto a la resolución los problemas de los ciudadanos”, agregó la portavoz, quien consideró que “es un tema que afecta a millones de personas que ponen la ilusión de su vida”. “El gobierno ha mostrado su responsabilidad y su rapidez en la respuesta actuando en 24 horas”, concluyó.