Así lo insinuó la ministra portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde se felicitó por la favorable recepción dispensada por la Bolsa y analistas al proyecto e indicó que “lo fundamental es que este Gobierno colabore y contribuya a que se afiance esa operación” para que “pueda seguir su cauce y con todas las garantías por parte de los supervisores, tanto del Banco de España como de los supervisores europeos”.

“Ahí estaremos trabajando codo con codo con las entidades financieras”, indicó, señalando la importancia de que la participación en Bankia, donde el Estado controla un 61,81% del capital, “permita también que la opinión de este Gobierno esté presente en esa toma de decisiones, con absoluto respeto a su órgano de administración, a su Consejo de Administración” y a su Junta de accionistas.

Montero, quien eludió aclarar si es intención del Ejecutivo salir del capital antes del 2022 como fija la normativa pidiendo ir “paso a paso”, recordó que a la hora de aprobar una operación de estas características el Gobierno “tiene que proteger el interés general del conjunto de la ciudadanía”, algo que aseguró “que, por supuesto, se cumple en concreto en la propuesta de fusión de Caixabank y Bankia”.

En segundo condicionante es “maximizar la participación pública” en Bankia, según recordó, subrayando que su valor, “desde el momento en que se anuncia también esta fusión, se incrementa” gracias a que la reacción del mercado bursátil “fue claramente favorable a que se produjera esta fusión”. “Fue un mensaje de confianza a los inversores, que repercutió no sólo en el valor de estas entidades, sino del conjunto de la bolsa y de otros viene asociado a esta fusión”, reparó.

“En tercer lugar refuerza también la estabilidad financiera, como decía, del sistema bancario de nuestro país y es capaz de aportar, por tanto, seguridad a los inversores y a los ahorradores”, agregó, siendo este criterio también uno de los que debe ponderar el Ejecutivo.

Por último, apuntó que “también es importante” para el Gobierno “que se den condiciones para la cohesión territorial de nuestro país”.“ Y tampoco creo que se escape a ninguno de los analistas la importancia por el origen que tienen ambas entidades” ni la “disposición mostrada por ciudades relevantes como Madrid o Barcelona para albergar la sede del nuevo grupo, algo que “también habla por sí sola de esa cuestión”, remarcó.

Montero resumió que mientras “se consiga todos estos objetivos” es “evidente” que el Gobierno va a “darle el visto bueno”, en la medida que “permitan una mayor estabilidad de las finanzas públicas y del sistema bancario para que nuestro país se pueda orientar y pueda reforzar ese crecimiento económico”.

“Lo importante ahora es que se pueda concretar esta operación, que se pueda conducir con todas las garantías y que pueda, finalmente, alumbrar el propósito que persiguen ambas entidades financieras como es reforzar su valor” y la “confianza de todos los ciudadanos hacia este sistema bancario”, concluyó.

En paralelo apostó por “perseguir y afianzar” también el papel del ICO, que lanzó un programa de avales por valor de 100.000 millones de euros y pondrá en marcha otro por valor de 40.000 millones “para apoyar a nuestras pymes y al conjunto de las empresas” que lo necesiten.