Así se recoge en una respuesta del Ejecutivo socialista a una pregunta escrita de la diputada Susana López Ares, del Grupo Popular, en la que pregunta qué medidas tomará el Gobierno para garantizar que la banca no trasfiera el coste del nuevo impuesto a los clientes.

En su respuesta, el Ejecutivo recuerda que “en el ordenamiento jurídico español la fijación de comisiones y tipos de interés es libre”, por lo que confía en que “el principal factor limitante de una transferencia de un hipotético impuesto a los clientes es el elevado nivel de competencia en productos y servicios bancarios”.

Tanto la pregunta formulada como la respuesta del Ejecutivo son anteriores a la aprobación por parte del Consejo de Ministros del pasado viernes 19 de octubre del anteproyecto que desarrolla el impuesto a las transacciones financieras, que gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. El Ejecutivo prevé una recaudación de 850 millones de euros con este impuesto en 2019, que irían destinados íntegramente a financiar a la Seguridad Social.

En concreto, el impuesto someterá a tributación al 0,2% de las acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros, mientras que no se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. El impuesto no se aplicará a la salida a bolsa de las empresas, sino que recaerá en los intermediarios financieros que operan en el mercado secundario. También quedan fuera de este impuesto la deuda, tanto la pública como la privada, y los productos derivados.

Para el Gobierno, la competencia del sector “proviene tanto de las entidades que ya prestan servicios similares a los bancarios, como de nuevos entrantes”. “Hay que señalar que en España subsisten 163 entidades de distinto tamaño, desde cooperativas de crédito de ámbito local hasta bancos de alcance global”, añade la respuesta parlamentaria.

En el mismo sentido, también explica que, “mediante el uso de las nuevas tecnologías y la implantación de la Zona Única de Pagos en euros, nuevas entidades de crédito, tanto españolas, como de la Unión Europea, comienzan a prestar servicios por Internet”.

Asimismo, señala que la competencia “también proviene de otras entidades que prestan servicios similares a los de la banca, como son los establecimientos financieros de crédito o las entidades de pago. Un incremento de los precios en el sector bancario hace más atractivos los servicios de estas entidades”.

El Gobierno también destaca “el desarrollo en los últimos años de la financiación no bancaria gracias a desarrollos de infraestructuras como el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) o las plataformas de financiación participativa”, por lo que “la traslación a precios de un mayor gravamen relativo a la banca puede hacer más atractivas estas formas de financiación”. “En un contexto de desarrollo de las nuevas tecnologías, las empresas tecnológicas comienzan a convertirse en competidores relevantes de los bancos en la prestación de servicios financieros”, agrega el Ejecutivo, recordando que “algunas empresas ya ofrecen servicios de pago y pronto podrían comenzar a ofrecer otros servicios”.

Por último, el Ejecutivo también menciona “el papel de la política de defensa de la competencia como salvaguardia de posibles pactos colusorios en precios”.