El Gobierno confirma el recorte a las eléctricas y la oposición busca «tumbarlo» en el Congreso

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La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha descartado que el Ejecutivo vaya a cambiar, ante la presión del sector, alguna de las medidas que aprobó la semana pasada y que persiguen abaratar el recibo de la luz.

Ribera confirma así el recorte de 2.600 millones a las compañías eléctricas por los denominados ‘beneficios caídos del cielo’, justo antes de entrar en la ceremonia de entrega de los premios del Club Español de la Energía, al que han asistido los altos ejecutivos de todas las compañías afectadas.

En declaraciones a la prensa, la ministra ha defendido que el Gobierno está haciendo «todo lo que está en su mano para dar una respuesta adecuada a una situación de extrema volatilidad y turbulencia», y ha intentado tranquilizar al sector diciendo que las medidas son «en gran parte coyunturales».

«Estoy segura de que lograremos encontrar el camino del interés general a todo esto. Me siento cómoda aquí, ya que es importante trabajar con todas las empresas de los sectores sobre los que tengo responsabilidad en el Gobierno», ha añadido.

RESPALDO DE EUROPA

Preguntada por si tiene intención de hacer algún cambio en las medidas aprobadas, tras las presiones efectuadas por parte del sector, que habló del cierre de las nucleares o de interponer acciones judiciales, Ribera ha zanjado el tema: «Las leyes son inamovibles hasta que se cambian y no tenemos intención de cambiarla».

La vicepresidenta tercera también ha asegurado que el Gobierno se siente «respaldado y entendido» por Bruselas. En cualquier caso, ha vuelto a señalar que lo ideal es que Europa adopte una respuesta común a un problema «no solo español, sino que afecta a toda la economía y sociedad europea».

Para ello, ha anunciado que el Gobierno español ya ha remitido una carta al vicepresidente de la Comisión Europa, Frans Timmermans, y a la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, solicitando esta respuesta común.

Al frente, la presidenta del Club Español de la Energía, María Victoria Zingoni, ha dicho en su intervención que el sector tiene que ser capaz de proteger a los consumidores vulnerables al mismo tiempo que «se cumple con todas las reglas establecidas a nivel europeo, garantizando en todo momento la seguridad jurídica y regulatoria, sin olvidar la competitividad y reputación de las empresas».

En su opinión, mantener esta seguridad jurídica permitirá atraer los fondos europeos y otros recursos adicionales de inversores procedentes de lugares comprometidos con transición ecológica. «Hay una brecha actual entre los objetivos perseguidos y lo que el común de la gente entiende, pero hay que romper esa brecha y llegar a todos a través de una buena comunicación», ha concluido.

Ya en el atril y a modo de clausura, la ministra ha vuelto a recuperar este asunto: «Es clave respetar el marco europeo y todos intentamos hacerlo, siendo escrupulosos con las reglas mas importantes del mercado interior de electricidad. Pero no podemos mirar para otro lado cuando esta situación puede causar un impacto muy notable en la economía española».

PP y Vox buscan tumbar en el Congreso el recorte a las eléctricas por el CO2 no emitido

El PP y Vox quieren tumbar en el Congreso el proyecto de ley aprobado en agosto por el Gobierno para recortar parte de los beneficios extraordinarios de las eléctricas, concretamente la sobrerretribución que reciben determinadas centrales por el elevado coste de derechos de emisión de CO2.

Con esa reforma, el Gobierno busca recortar los ingresos que reciben las centrales nucleares, el 80% de la potencia hidroeléctrica instalada y los parques eólicos anteriores a la creación del mercado europeo de CO2.

Ambas formaciones quieren tumbar el proyecto del Gobierno con sendas enmiendas a la totalidad, lo que forzará a la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a defender la iniciativa ante el Pleno del Congreso y concitar apoyos para superar dos votaciones y proseguir su tramitación.

EL PP QUIERE ‘COLAR’ SU REFORMA ELÉCTRICA

Y es que, por un lado, el PP ha registrado una enmienda a la totalidad con texto alternativo para dar la vuelta a la reforma y ‘colar’, en caso de que prosperara, la batería de medidas planteadas por los ‘populares’ para abaratar la factura de la luz.

Entre ellas, el traspaso a los Presupuestos Generales del Estado de los costes fijos de la factura, la suspensión definitiva del impuesto a la generación, la rebaja permanente del IVA y el aumento de los ingresos en el sistema eléctrico por la mayor recaudación de los derechos de CO2.

VOX: «LAS NUCLEARES NO AMENAZAN, ESTÁN PIDIENDO SOCORRO»

Por otro lado, Vox plantea al Congreso directamente la devolución del proyecto, por lo que en caso de prosperar su enmienda la iniciativa finalizaría su tramitación. Esta formación considera una «confiscación» de beneficios por parte del Gobierno y esgrime que la medida empujaría a un «cese anticipado» de la actividad en el caso de las nucleares y «a la quiebra» a muchas de las centrales hidroeléctricas.

En la enmienda a la totalidad, Vox defiende a las compañías eléctricas y su comunicado alertando de la inviabilidad económica y financiera de sus centrales por el recorte de beneficios, asegurando que «las nucleares no están amenazando al Gobierno», sino que «están pidiendo socorro para poder seguir operando».

EL GOBIERNO PIDE TRAMITAR EL PROYECTO POR LA VÍA RÁPIDA

Esta reforma es complementaria al decreto ley aprobado la semana pasada por el Gobierno y que aborda también beneficios extraordinarios de estas centrales, pero en esta ocasión por el elevado coste del gas natural.

En este caso, el Gobierno decidió aprobarla a través de un proyecto de ley, por lo que aún no ha entrado en vigor. Urgido por la escalada en el precio de la electricidad, el Gobierno ha solicitado a la Cámara tramitar por la vía de urgencia esta iniciativa y el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico que busca sacar de la factura costes fijos. Esta vía permite acortar cada plazo de tramitación parlamentaria a la mitad.