Hasta agosto se han implantado el 80% de las medidas de la CORA
La inconclusa reforma de las Administraciones Públicas cuenta ya con balance positivo. El Gobierno se ha ahorrado, hasta el mes de agosto, 22.877 millones de euros a partir de los ajustes que se han llevado a cabo desde la puesta en marcha de las medidas propuestas en la Comisión para la Reforma de las Administraciones (CORA), en junio de 2013. Cantidad que supone 1.067 millones de euros más que al cierre del segundo trimestre (21.810 millones de euros).
De las 222 actuaciones a desarrollar durante los cuatro años de legislatura “el 80 por ciento se ha cumplido, habiéndose implantado 175 de ellas y con 38 en ejecución». Así lo ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante su intervención en la segunda jornada de debate sobre los Presupuestos Generales para 2016 en la que también ha aprovechado para poner el acento en los «2.500 millones de euros de ahorro (que ha generado el plan) para los ciudadanos y las empresas».
A la cantidades anteriores se añadirían los cerca de 510 millones de ingresos por ventas de inmuebles, así como los 4.725 millones obtenidos por la enajenación de participaciones empresariales -entre ellas la venta del 49 por ciento de las acciones de Aena y la desinversión en EADS-. En total y desde que se puso en marcha la CORA el Gobierno se habría ahorrado «casi 30.000 millones por gestionar mejor», ha afirmado Sáenz de Santamaría.
Ajustes de personal
Además de los más de 300 convenios de adhesión a la CORA que se han formalizado con las Comunidades Autónomas (19 de ellos bilaterales), gran parte del ahorro se ha producido por los ajustes en el personal de la Administración que se ha reducido en un 5,8 por ciento desde 2011 (154.000 personas). Los mayores, tanto en términos porcentuales como en términos absolutos, se produjeron en los Ayuntamientos donde se prescindió del 12,3 por ciento de los empleados (81.000). Le sigue la Administración General del Estado, con una reducción del 8,4 por ciento del empleo (38.522). En último lugar se encuentran las Comunidades Autónomas con un 4,8 por ciento (64.000) de trabajadores.
Otra de las bazas importantes para consolidar este ahorro ha sido el impulso administración electrónica y la supresión de estructuras administrativas «innecesarias o duplicadas». Así el informe correspondiente al mes de junio recoge que cerca del 70 por ciento de las medidas incluyen soluciones TIC habiéndose creado 16 nuevos portales y plataformas gracias a los que se han suprimido un total de 2.194 entes públicos.
Coherencia y responsabilidad
Asegurar la estabilidad y consolidar el crecimiento económico bajo los principios de «coherencia y responsabilidad” con el objetivo de «ayudar a generar confianza y seguir avanzando en una sociedad próspera» son las premisas sobre las que la vicepresidenta ha centrado la defensa de los Presupuestos Generales (PGE) de 2016 en General y del presupuesto de la Presidencia, en particular.
En su exposición ha respondido a las acusaciones de «electoralismo» y «oportunismo» vertidas por los partidos de la oposición y ha expuesto los que ha considerado razonamientos “suficientes para justificar su aprobación”.
Así Sáenz de Santamaría ha alegado que de haberse mantenido los Presupuestos de 2015 «no se podrían tomar decisiones como subir los salarios a los funcionarios, devolverles el 50 por ciento de la paga extra pendiente, ampliar los fondos para la integración de refugiados, incrementar un 8 por ciento la financiación de los servicios públicos esenciales (sanidad, eduación…), incrementar el 7,3 por ciento en gasto en cultura y el 7,7 a servicios sociales, impulsar el crecimiento de los recursos destinados políticas activas de empleo y a parados de larga duración, o incrementar el 2,9 por ciento el gasto en pensiones».
Con respecto al presupuesto del Ministerio de la Presidencia que, según el libro amarillo de los Presupuesto Generales del Estado, será de 467,45 millones de euros (6,9 por ciento más que en 2015), éste tendrá como prioridades continuar con el impulso de la reforma de las Administraciones Públicas así como de las políticas de transparencia orientadas a conseguir la «regeneración democrática» ha explicado la vicepresidenta.
Sociedades seguras
Por otra parte se reforzarán las partidas destinadas al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en un 7,7 por ciento, alcanzando los 240 millones de euros. Desde el Gobierno se considera necesario «incrementar los recursos y potenciar las capacidades» de dicho organismo debido al «incremento del nivel de peligrosidad de los desafíos globales que se están desarrollando». Por ello se ampliará la plantilla en 125 nuevos empleados y se exigirá una mayor especialización con el objetivo de profundizar en el conocimiento de los nuevos escenarios, «tener sociedades seguras es una cuestión de Estado», ha sentenciado la vicepresidenta.
En relación a la merma del presupuesto para el Centro de Investigaciones Sociológicas, Patrimonio Nacional o el Centro de Estudios Políticos, Sáenz de Santamaría ha expuesto que la mejora de la gestión de todos ellos ha permitido hacer efectiva una reducción «no lineal». Como ejemplos ha puesto la capacidad de autofinanciación de Patrimonio Nacional que «se ha duplicado desde 2011 hasta el 34 por ciento» o la del Boletín Oficial del Estado, que gracias a la incorporación de nuevos trabajos ha conseguido «incrementar su facturación en un 50 por ciento y sus clientes en un 30 por ciento».
