De incumplirse el objetivo de déficit el Ejecutivo asumirá las competencias cedidas en materia tributaria   

Pasos proporcionados pero firmes que sin estar en la lista de actuaciones que el Gobierno tiene previstas para frenar el proceso secesionista en Cataluña -como la petición ante el Tribunal Constitucional de la suspensión de la declaración de independencia o la aplicación del artículo 155 de la Constitución- son «mecanismos muy potentes que se pueden emplear y de hecho ya se están empleando» para frenar ‘la locura independentista’ de Artur Mas. De este modo fuentes próximas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas confirmaban a Diario Financiero que el Gobierno está dispuesto a aplicar hasta sus máximos todas y cada una de las medidas que se recogen en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

De incumplirse los principios establecidos en el articulado el Ejecutivo no descarta enviar a una comisión de expertos, dirigida desde el departamento que dirige Cristóbal Montoro, para que valore la situación económico – presupuestaria de Cataluña, «si tu incumples yo cumplo la Ley», afirmaban fuentes conocedoras del proceso.

Enviar a la ‘troika de Montoro’, algo para lo que «hay muchas posibilidades», sería el primer paso para la intervención definitiva de Cataluña, por las que se requerirá la adopción del acuerdo de no disponibilidad de créditos, la constitución en el Banco de España de un depósito con intereses del 0,2 por ciento de su PIB nominal o la ejecución de las medidas propuestas por la comisión.

No obstante, y de ponerse en riesgo el cumplimiento de los objetivos de déficit acordados con Bruselas, el Ejecutivo asumirá de facto y, con carácter previo a la visita de la comisión, las competencias cedidas en materia tributaria. Es decir, las decisiones que afecten al tramo autonómico del IRPF o a impuestos como sucesiones y donaciones o patrimonio pasarán a ser adoptadas por el Gobierno central.

Agotada la aplicación de los mecanismos anteriores y en el supuesto de una nueva desobediencia por parte de la Generalitat, los pasos siguientes quedarían al albur del Gobierno resultante de las elecciones del 20 de diciembre ya que aunque la Ley recoge la posibilidad de la adopción de medidas de «cumplimiento forzoso» éstas deben contar con la aprobación «por mayoría absoluta del Senado» y para cuya ejecución se podrán «dar instrucciones a todas las Comunidades Autónomas».

El déficit será clave

Esta misma mañana durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de hoy, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, advertía que «el otro día conocimos la situación de financiera y de tesorería, fallos en transparencia y otras cuestiones» que, según los informes, estarían incumpliendo varios de los principios de la Ley de Estabilidad Presupuestaria lo que habría puesto «en la mente de todos medidas de ejecución y medidas sustitutorias».

De los varios supuestos ante los que Cataluña no estaría respondiendo, superar con creces los objetivos de déficit del -0,7 por ciento exigidos a las Comunidades Autónomas para este año, será el de mayor peso en una decisión que se podría dar a conocer en las próximas semanas «lo que importa es el cumplimiento del objetivo», afirmaban desde Hacienda.

En este sentido y ya en el mes de julio, la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) alertaba de que la Comunidad que preside Artur Mas cerraría el ejercicio con un déficit del -2 por ciento. Y todo apunta a que las previsiones no están en absoluto desencaminadas. Según el Observatorio Fiscal y Financiero hecho publico a principios de esta misma semana por Fedea, hasta el mes de julio, Cataluña registraría un déficit del -1,0 por ciento del PIB.

Cataluña no sería la única

«Determinación, firmeza, prudencia y proporcionalidad», todo con el objetivo de evitar las provocaciones del Govern y que de caer en ellas con decisiones precipitadas son las que abrirían las puertas de los tribunales europeos a Artur Mas.

Por ello, de llevarse al máximo en Cataluña, el resto de Comunidades incumplidoras se verían abocadas al cumplimiento de las medidas coercitivas y de cumplimiento forzoso los principios del articulado de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Ahora bien «hay escalas», explican fuentes de Hacienda, que insisten en que «ahora mismo ya se están aplicando», concretamente en lo relativo al seguimiento de los Planes Económico Financieros  (PEF) y de reequilibrio que ya habrían presentado autonomías como Extremadura, Aragón o Valencia.