El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la licitación por importe de 3.571 millones de euros de dos conciertos para el trienio 2022-2024 que garantizarán la cobertura sanitaria a través de distintas entidades aseguradoras a funcionarios que prestan su servicio en España y a los destinados en 123 países.

Este acuerdo está integrado dentro de la planificación estratégica de la Secretaría de Estado de Función Pública, dirigida a modernizar y mejorar el servicio que presta la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), señala el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Se trata de un concierto a tres años con la finalidad de garantizar la asistencia sanitaria y poder afrontar situaciones como la provocada por la pandemia generada por la COVID-19 y la incorporación del nuevo colectivo derivado de las últimas ofertas de empleo público.

El volumen total del colectivo cubierto asciende aproximadamente a 1,5 millones de mutualistas, mientras que la cuantía total de la contratación alcanza los 3.571 millones de euros.

El Gobierno resalta que «este concierto supone una garantía de suficiencia presupuestaria con la incorporación de una prima incremental que alcanza el último año de vigencia el 10%».

«Con ello se recuperan los niveles de calidad que demanda el colectivo y se incorporan los nuevos servicios con que el Gobierno está completando la cartera común del Sistema Nacional de Salud –prosigue–. Se incluye también por primera vez la financiación de gastos derivados de la situación actual de la pandemia».

Desde Ministerio de Hacienda, resaltan que los nuevos conciertos apuestan decididamente por la calidad con la inclusión de un protocolo de asistencia Covid; la creación de un Comité Interdisciplinar de Expertos para la valoración de los tratamientos de protonterapia; o las plataformas de telemedicina para complementar la asistencia sanitaria, entre otras novedades.

Finalmente, desde la óptica de la sensibilización, destaca también la introducción de nuevas prestaciones para funcionarias víctimas de violencia de género, como sesiones de psicoterapia ilimitadas o la equiparación de las lesiones derivadas de actos de violencia de género con las derivadas de accidente en acto de servicio o enfermedad a
consecuencia del reciente convenio firmado entre Muface y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

CSIF lo ve «insuficiente» y vigilará la calidad de la atención sanitaria

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha calificado este martes de «insuficientes» los 3.571 millones de euros que el Ministerio de Hacienda ha autorizado para renovar el concierto con las aseguradoras sanitarias que prestan servicio a la mutualidad de funcionarios.

«Vemos con preocupación que el presupuesto asignado al concierto no sea suficiente para compensar la situación de marginación que ha sufrido la entidad a la hora de hacer frente al Covid», lamenta CSIF en un comunicado.

El sindicato recuerda que mientras que las CCAA recibieron 16.000 millones de euros para adaptar su asistencia sanitaria a la pandemia, Muface no vio modificado su presupuesto para que la asistencia sanitaria de los y las mutualistas también pudiera hacer frente a las consecuencias del virus.

En este sentido, CSIF teme que las aseguradoras «intenten minimizar el coste del servicio» y por tanto redunde en la calidad de las prestaciones o en la continuidad del concierto, lo que supondría que el funcionariado que recibe atención sanitaria a través de ellas se viera en una situación «muy comprometida», teniendo en cuenta, además, las dificultades y los recursos limitados del Sistema Nacional de Salud, «seriamente tensionado por la pandemia».

Por este motivo, CSIF va a vigilar la calidad en la prestación sanitaria, atenderá las quejas de los usuarios y se reservará las «acciones necesarias» para defender este modelo si se producen retrasos, disfunciones o recortes en las prestaciones.

«Desde CSIF queremos dejar claro que no vamos a consentir que se deje morir de inanición al mutualismo administrativo y que no vamos a admitir la pretensión de Unidas Podemos de eliminar paulatinamente el modelo Muface, Mugeju e Isfas», denuncia el sindicato, que reclama una reunión a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que ofrezca garantías de futuro.