Así lo anunció hoy la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, quien indicó que para entonces el pago subirá un 1,6% y ascenderá a 18.000 millones de euros. Celaá justificó que el Gobierno se encontró con un fondo de reserva por debajo de los 8.000 millones de euros cuanto tomó el relevo al Gobierno del Mariano Rajoy de los 60.000 millones que había dejado el anterior ejecutivo socialista.

El crédito aprobado a propuesta de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, consiste en la segunda entrega de una partida de 13.830 millones consignada en los Presupuesto del Estado para 2018, de los que utilizaron ya 7.500 millones el pasado mes de junio.

El préstamo no es suficiente para el abono de la paga extraordinaria, por lo que el Gobierno deberá disponer de 3.000 millones adicionales del Fondo de Reserva, indicó el Gobierno.

Cuando se aprobó el Presupuesto, en mayo, las previsiones del Comité de Gestión del Fondo de Reserva eran utilizar 5.000 millones para cuadrar las cuentas de la Seguridad Social, y la mejora en la recaudación ha permitido reducir la disposición a 3.000 millones.

La ministra portavoz justificó la concesión de la nueva cuantía en que el Ejecutivo tiene dos prioridades: la sostenibilidad del sistema público de pensiones «garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo» y «la sostenibilidad financiera del sistema».

El Gobierno de Mariano Rajoy pactó con el PNV subir las pensiones en línea con la inflación para sacar adelante los presupuestos de 2018 lo que hace que su revalorización sea el 1,6% en lugar del 0,25% abonado en enero.

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social subrayó hoy que ese compromiso se adquirió sin hacer la previsión en el estado de ingresos de la cantidad necesaria para financiarlo, así como que tampoco se consignó financiación para la subida de la base reguladora de las pensiones de viudedad del 52 al 56% abonada a finales de agosto.

«Esta decisión, que vulneró la legislación presupuestaria y los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado, ha forzado a la Seguridad Social a tramitar una ampliación de crédito por 1.497 millones de euros al amparo de la vigente normativa», explicó hoy el Ministerio de Trabajo.

Antes de aprobarlo, la Intervención General de la Seguridad Social lo consultó con la Intervención General de la Administración del Estado y el Ministerio de Hacienda, e informó de la misma al Tribunal de Cuentas.

El Gobierno garantiza que «no tendrá ningún impacto en el déficit» puesto que éste se calcula en términos de contabilidad nacional de forma que aplica el criterio de devengo, es decir, las transacciones se contabilizan cuando se pagan o cobran.