El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ejecutará diversas sentencias del Tribunal Supremo en relación con las refacturaciones de los suplementos territoriales del año 2013 en el sector eléctrico, con lo que deberá abonar a las empresas recurrentes dicho coste, según publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En concreto, el departamento que dirige Teresa Ribera deberá pagar por los costes por refacturación a Naturgy Energy Group, Iberdrola, Repsol Generación Eléctrica y EDP España.
Con el fin de ejecutar dichas sentencias, en la orden publicada en el BOE se recoge la metodología para la determinación de los costes de refacturación en que incurrieron las empresas para poder implementar el mecanismo regulado para la aplicación de los suplementos territoriales a incluir en los peajes de acceso correspondientes al año 2013.
Para determinar el modo de fijar el importe de las refacturaciones es necesario, por un lado, definir los conceptos indemnizables que se incluyen en esas refacturaciones de los suplementos territoriales y, por otro lado, definir el mecanismo por el cual obtener la información necesaria que permita fijar el importe concreto de las refacturaciones.
La forma de hacer efectivo su abono será mediante resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, en la que se fijará, para cada uno de los sujetos a los que el Tribunal Supremo ha reconocido el derecho a ser indemnizados, el importe de las refacturaciones que han tenido que llevar a cabo como consecuencia de las órdenes ministeriales que regulan los suplementos territoriales, en función de los conceptos reconocidos y los costes aportados, siempre que se hubiera incurrido en tales costes adicionales y estos sean reales.
El PP exige a Ribera transferir a las comunidades las ayudas del bono social térmico de este año
El PP ha recordado a la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que tiene pendiente transferir a las comunidades autónomas los fondos para el pago directo de ayudas del bono social térmico correspondientes a los Presupuestos Generales del Estado de 2021, y que estas administraciones no pueden acceder a los datos de beneficiarios.
Así, en una proposición no de ley registrada en el Congreso, y recogida por Europa Press, los ‘populares’ piden al Gobierno establecer con urgencia un mecanismo para que las comunidades puedan acceder a estos datos, transferir inmediatamente los fondos presupuestados, así como los 2,5 millones de euros en subvenciones para colaborar en la tramitación de estas ayudas.
105 MILLONES AÚN PENDIENTES DE TRANSFERIR
En las cuentas actualmente en vigor, se contempla una partida con 105 millones de euros para este bono social térmico sin que, critican, las comunidades hayan recibido la transferencia de cantidad alguna para el pago de las ayudas ni el listado de beneficiarios.
Este bono compensa gastos necesarios para garantizar el suministro de energía para uso térmico, cantidad que se calcula en función del grado de vulnerabilidad del consumidor y la zona climática, en una horquilla de entre 25 y 123 deuros, siendo compatible con cualquier otro tipo de ayudas, como el bono social eléctrico.
CUESTIONADO POR EL CONSTITUCIONAL
Sin embargo, los ‘populares’ señalan en su iniciativa que el encuadre competencial es diferente al del bono eléctrico, que se sitúa dentro de las normas relativas al acceso y suspensión de energía eléctrica, un coste asumido por las comercializadoras.
Y es que tras el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno vasco por vulneración de competencias exclusivas, el Alto Tribunal sentenció que se trata de ayudas de carácter estatal «que nada tiene que ver» con los derechos y las obligaciones derivados de las relaciones entre consumidores o usuarios y las empresas suinistradoras, ni tampoco con consecuencias derivadas de los impagos.
