Así lo indicaron la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, y el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, durante la rueda de prensa para presentar los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social del mes de julio.

Valdeolivas indicó que las cifras de contratos de relevo son “preocupantes” y muestran que actualmente se firman la mitad de contratos de este tipo que entre 2007 y 2008, lo que “justifica un análisis por parte del Gobierno que pretendemos hacer para detectar las disfunciones” que conllevan un menor uso de estos contratos, y “promover reformas” para impulsarlo.

La secretaria de Estado señaló que la función social de este contrato “se está viendo defraudada en la práctica”.

Valdeolivas explicó que se van a analizar los contratos celebrados, en qué sectores se está utilizando el relevo y ver a qué razones responde su infrautilización. “Lo que sí se propone este Gobierno es tomar medidas en favor de la utilización de este tipo de contrato”, afirmó.

Por su parte, Granado apuntó que hay una “preocupación” por que este contrato sea útil y se utilice para rejuvenecer las plantillas.

Aunque defendió que es un instrumento “muy valioso” para el mercado de trabajo, puntualizó que se debe estudiar en qué sectores es “útil”, ya que una “generalización” de este contrato es “discutible”. En este sentido, aseguró que “vamos a dar pasos para recuperar el contrato de relevo en algunos sectores y teniendo una política muy prudente”.

Esta situación se está estudiando en varias mesas de diálogo social, con el objetivo de que este contrato, “sin menoscabo de las arcas, cumpla una finalidad social”, añadió Valdeolivas.

SUBSIDIO PARA MAYORES DE 52 AÑOS

Por otra parte, Trabajo prevé recuperar el subsidio para parados mayores de 52 años “en muy breve espacio de tiempo”, y con ello, volver a la situación anterior, después de que el Gobierno del PP lo elevara a 55 años.

La secretaria de Estado de Empleo señaló que entre los requisitos que se exigen para percibir esta ayuda, se cumplirá con la sentencia del Tribunal Constitucional, “al margen de que fuera nuestra voluntad”, y se tendrá en cuenta las rentas personales y no los ingresos familiares.

“Ya hay un preacuerdo” en el diálogo social para recuperarlo, y a la vuelta del verano se ofrecerá “algún avance significativo”, según Valdeolivas.

En cualquier caso, dijo que esta medida “no es suficiente” y que la intención del Ejecutivo es actuar también en el marco de las políticas activas de empleo para que estos parados vuelvan a reincorporarse.

De cara al Consejo de Ministros de mañana, viernes, el Ministerio confirmó que se va a aprobar el decreto para que unos 42.000 parados de larga duración puedan seguir cobrando la prestación del extinto Programa de Activación para el Empleo (PAE), que habían interrumpido por, entre otros motivos, haber encontrado un puesto de trabajo, y al volver al desempleo no pudieron recuperar el cobro.

Pese a que se había creado un nuevo subsidio en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 ante la finalización de este programa temporal y del Prepara, estos 42.000 parados no podían recuperar el cobro de la ayuda del PAE ni tampoco acogerse al nuevo subsidio.

Esta medida tiene un coste de 52 millones de euros y no supone un “problema financiero” para el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), según Valdeolivas.

RALENTIZACIÓN DEL MERCADO LABORAL

En cuanto a la evolución del mercado de trabajo el pasado mes de julio, el secretario de Estado de Seguridad Social admitió que la afiliación está creciendo “con menor velocidad” pero que es “lógico” porque ya se han alcanzado los 19 millones de ocupados previos a la crisis.

Destacó que el descenso del paro y el aumento del empleo van mostrando una “tendencia de equivalencia”, lo que refleja que “los nuevos afiliados salen de los desempleados” y “parece que entre la población activa ya no hay un ejército de reserva de parados que ni siquiera se daban de alta” en los servicios de desempleo.

Por su parte, Valdeolivas consideró que lamentó que la contratación indefinida “apenas” alcanza el 9% del total y los contratos temporales de corta o muy corta duración aumentan “notablemente”. “Seguimos estando muy lejos de la temporalidad causal que este Gobierno pretende reforzar”, incidió, y confió en que el ‘Plan Director por un Trabajo Digno’ aprobado recientemente “consiga hacer emerger como trabajo indefinido el que ahora se está mostrando con ese carácter de temporalidad”.