El Gobierno, los sindicatos y la patronal han vuelto a sentarse este miércoles en la mesa de diálogo social sobre la reforma laboral, a la que el Ejecutivo ha acudido con un documento resumen de todas las propuestas presentadas hasta la fecha y ha introducido, además, nuevas cuestiones sobre contratación y sobre el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la suspensión de contrato y a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), según han informado fuentes sindicales tras el encuentro.

Los agentes sociales y el Gobierno seguirán discutiendo estos asuntos en la reunión del viernes, ya que desde esta semana el cronograma establece dos reuniones semanales ante la proximidad de fin de año, fecha en la que la reforma laboral debe estar ya aprobada, como parte del compromiso del Ejecutivo con Bruselas para la recepción de los fondos europeos.

El texto entregado este miércoles por el Gobierno mantiene las propuestas relacionadas con la reforma laboral y la negociación colectiva que ya se habían abordado en las reuniones previas.

Entre los puntos del documento de este miércoles también aparecen y se mantienen los contratos formativos, tanto el de formación en alternancia como el de práctica profesional. La aclaración que se introduce es que el periodo en el que se podrán suscribir será de entre tres meses y dos años para los de alternancia, sin distinciones entre los distintos grados de formación.

En el caso de los contratos de adquisición de práctica profesional, ese plazo irá de los seis meses al año. La mesa seguirá negociando sobre la edad y sobre la posibilidad de suscribir contratos formativos a tiempo parcial.

También se introduce la posibilidad de que se hagan contratos temporales en las actividades ocasionales por un periodo máximo de tres meses y su utilización dependerá del tamaño de la empresa, aunque se contempla un ajuste mayor para la agricultura.

Del mismo modo, el documento del Ejecutivo conserva la redacción sobre los contratos fijos discontinuos, con los que se pretende reducir la temporalidad dentro de los trabajos de temporada, así como la redacción de los artículos 41 y 42, sobre la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y las subcontratas.

Siguen sin cambios las redacciones sobre la prevalencia del convenio del sector y la ultraactividad, acordadas durante el verano. Tampoco se ha vuelto a discutir la disposición sobre las especificidades del sector de la construcción para intentar mantener las características de este sector en el nuevo contrato indefinido.

Este miércoles, también se han puesto sobre la mesa las disposiciones que modifican la ley general de Seguridad Social sobre contratos temporales y los regímenes transitorios a las nuevas realidades jurídicas.

NUEVOS ERTE

En el caso del artículo 47 sobre los actuales ERTE, el texto del Gobierno contempla que las exoneraciones de la cuota patronal vayan acompañadas de garantía de mantenimiento de empleo.

En el caso del Mecanismo Red, presentado la semana pasada y rechazado tanto por la patronal como por los sindicatos, el Gobierno ha prometido una nueva propuesta para tratar de acercar posturas antes de la fecha límite. Los agentes sociales esperan que ese documento se remita en la reunión del viernes.

Sindicatos y empresarios calificaron la semana pasada el Mecanismo Red como una propuesta «intervencionista», «poco flexible» y «farragosa».

La propuesta inical del ‘Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo’ pretendía permitir a las empresas reducir durante un tiempo la jornada o suspender los contratos de sus trabajadores, como en los ERTE, con beneficios en cotizaciones y prestaciones siempre que se den determinadas circunstancias.

De acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, el Mecanismo RED podría activarse en dos casos: por causas estructurales, es decir, cuando en un determinado sector se produzcan cambios organizativos, técnicos o productivos estructurales o se introduzcan métodos de trabajo y de producción novedosos que generen pérdidas de competitividad; o por causas cíclicas, esto es, cuando concurran causas económicas derivadas de una situación coyuntural de alcance general que aconseje la activación de mecanismos adicionales de estabilización.