Así se recoge en un documento de trabajo que el Ministerio para la Transición Ecológica envió este martes a los grupos parlamentarios del Congreso, otras administraciones públicas y representantes de sectores implicados con el fin de que el Consejo de Ministros apruebe la norma de la forma más consensuada posible antes de que termine este año, con lo que se iniciará entonces la tramitación en el Parlamento.

Esta ley es probablemente una de las piezas centrales de la acción del Gobierno en esta legislatura y tiene como finalidad enviar señales claras, certidumbre y confianza a las administraciones públicas, empresas, inversores y ciudadanos, según fuentes del departamento dirigido por Teresa Ribera.

La norma incluye como objetivos nacionales para 2030 reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 20% con respecto a 1990 (actualmente están un 17% por encima), que un 35% del consumo de energía final proceda de fuentes renovables, que el sistema eléctirco tenga al menos un 70% de generación a partir de energías renovables y que la eficiencia energética llegue a al menos un 35%.

Esos objetivos son más ambiciosos para 2050, cuando las emisiones deberán reducirse en al menos un 90% en relación a 1990 y el sistema eléctrico se base exclusivamente en fuentes de generación de origen renovable, es decir, a mediados de este siglo la electricidad será 100% renovable.

La Ley de Cambio Climático y Transición Enérgética estará acompañada de otros marcos normativos, concretamente los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (el primero de ellos deberá ser enviado por el Gobierno a la Comisión Europea antes de que termine 2018) y la Estrategia de Bajas Emisiones a 2050 de la Economía Española, la cual será revisada cada cinco años.

“SEÑALES CLARAS”

Ese paquete normativo incidirá en la movilidad porque, según recoge el documento del Ministerio, “a partir del año 2040 no se permitirá la matriculación y venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono”.

Esta propuesta es similar a la del Reino Unido, que ha anunciado que prohibirá la venta de coches diésel y gasolina en 2040 y en 2050 ya no podrán circular. Francia también lo impedirá en 2040; Dinamarca, Irlanda, Alemania y Países Bajos quieren lograrlo en 2030, y Noruega en 2025.

Con esta fecha, el Gobierno pretende enviar “señales claras para dirigir la producción de vehículos”, algo que ya han hecho algunos fabricantes. Por ejemplo, Volvo sólo venderá coches híbridos o eléctricos a partir de 2019 y Toyota dejará de comercializar vehículos diésel a finales de 2018.

Algunas regiones en España han tomado medidas en este sentido. La Ley de Cambio Climático de Baleares prohibirá los coches diésel en las islas en 2025 y los de gasolina en 2035.

Además, el Ejecutivo pretende que los municipos de más de 50.000 habitantes cuenten con zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023 y obligará a instalar puntos de recarga eléctrica en las gasolineras en distintos plazos en función de su volumen de ventas.

También estudiará el establecimiento de la Euroviñeta, relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por el uso de determinadas carreteras.