El Gobierno pone freno a la morosidad de las grandes empresas

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Los plazos medios de pago se incorporan al criterio de solvencia en los contratos públicos

Como ya adelantó ayer Diario Financiero, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto que modifica la Ley de Contratos del Sector Público por el que se da potestad a los órganos de contratación para exigir la acreditación de los plazos medios de pago (PMP) a las grandes empresas cuando concurran a licitaciones públicas. 

Así los PMP pasarán a formar parte del criterio de solvencia convirtiéndose en herramienta de peso a la hora de determinar la adjudicación. Con esta medida el Ejecutivo ha dado un paso adelante en los compromisos adoptados con el colectivo de autónomos y pequeños empresarios que vienen denunciando el incumplimiento reiterado de los plazos máximos de pago de 60 días que establece la Ley. En este sentido el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha afirmando en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta medida “va a favorecer el que las grandes empresas reduzcan los plazos de morosidad si quieren contratar con la Administración Pública”.

Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), en declaraciones a Diario Financiero, se ha mostrado “satisfecho” y considera que “este avance deberá ayudar a mejorar los periodos de pago de las grandes compañías” así como a evitar irregularidades en las adjudicaciones, “las (Administraciones) que opten por no incorporar este criterio o la valoración que le den sea mínima se delatarán ellas mismas”. Opinión que también comparte el presidente de Ata (Federación Nacional de Trabajadores Autónomos) Lorenzo Amor, quien ha explicado que “dejar a los órganos de contratación la potestad decidir incorporar los PMP como criterio supone, además, una herramienta de transparencia que servirá para que la Administración se retrate.”  

Amor que recibía la noticia durante un acto con taxistas en Córdoba, ha celebrado la decisión “es justo que la empresa tenga que estar no sólo al corriente de pagos con Hacienda y la Seguridad Social sino también con sus proveedores”. No obstante, Cañete se mantiene cauto y advierte que deberá regularse de forma estricta para que “no haya trampas”.  

Cabe recordar que según el último informe de la PMcM correspondiente a los plazos medios de pago de las empresas con sus proveedores éstos alcanzaban los 187 días y acumulaban una deuda de 57.800 millones de euros. En el caso de los autónomos, tal y como se extrae del informe de Ata del mes de julio, éstos se situaban en 89 días de media.

Puente de liquidez

Entre los objetivos del Gobierno de Mariano Rajoy, acabar con la morosidad ha sido prioritario. En este sentido desde 2012 se han habilitado mecanismos de financiación como el Plan de Pago a Proveedores -con el que (en sus tres fases) se han pagado más de 8 millones de facturas cuya suma supera los 42.000 millones de euros- o los Fondos de Financiación Autonómica (FLA y FF), que hasta agosto han inyectado más de 23.600 millones de euros a las autonomías, de los cuales en torno al 33 por ciento (7.785,4 millones) se han destinado a pagar a los autónomos y empresas que trabajan para la administración.

Sin embargo y a pesar del, en palabras de Montoro, “gran saneamiento” que se ha producido, todavía hay 270 Ayuntamientos que padecen una situación complicada. Para mejorar esta situación de “grave riesgo”, dentro de este R.D. se ha aprobado un “puente de liquidez” que incorpora dos medidas. La primera consiste en anticipos de carácter extrapresupuestario que se corresponderá con las aportaciones de los Consistorios en la tributación estatal de 2015. Éstos deberán refinanciarse a través de préstamos con cargo al Fondo de Ordenación de Financiación a Entidades Locales y que se formalizarán partir de junio de 2016. La cuantía recibida deberá dedicarse al pago a proveedores pero otorgando prioridad a los pagos con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.  

Tal y como han informado fuentes de Hacienda, de solicitarse el máximo del anticipo por todos los Ayuntamientos afectados el Estado asumirá un coste de 593,8 millones de euros.

La segunda se concreta en el máximo de 212 millones de euros que se destinarán a préstamos de carácter excepcional y exclusivo para la cancelación de la deuda pública pendiente con los dos organismos anteriores y que se esté compensando a partir de retenciones de participación en tributos del Estado. En este caso las entidades locales tendrán de plazo máximo hasta el 15 de octubre para solicitarlo.  

Línea de financiación a las pymes

En otro orden de cosas, el Consejo de Ministros ha dado vía libre a la acreditación de una línea de financiación para la pequeña y mediana empresa a través de los fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y que se articulará junto con las Comunidades Autónomas. Con esta decisión España se convierte en el primer país en hacer uso de estas herramienta integrada dentro del Plan Junker. 

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