Se pretende fijar un tipo mínimo del 15 por ciento

Dar marcha atrás con el proceso reformista puesto en marcha la pasada legislatura es algo que preocupa y mucho al actual Gobierno en funciones. Particularmente en lo relativo a la reforma del Impuesto de Sociedades que los líderes del PSOE y Ciudadanos acordaban a principios de esta semana.

De hecho, hoy mismo la vicepresidenta del Gobierno en funciones Soraya Sáenz de Santamaría se lamentaba del pacto durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros «lo que me preocupa es la subida del Impuesto de sociedades que va a afectar especialmente a las pymes».

El objetivo de Sánchez y Rivera de «reformar en profundidad el Impuesto de sociedades con un doble objetivo de acercar los tipos efectivos a los tipos nominales, y de aproximar la recaudación por este tributo en España a la media de la zona euro», con el que se pretende fijar un tipo mínimo en el entorno al 15 por ciento sobre el beneficio y eliminar algunas de las deducciones a las que ahora pueden acogerse las compañías.

Sáenz de Santamaría también ha puesto el acento en el mínimo común que se pretende imponer a todas y cada una de las Comunidades Autónomas así como en el «error» que supondría la supresión del mínimo exento de 500 euros por contratación indefinida en las cotizaciones sociales, «hasta que la economía no se recupere hay que reducir en todo lo posible la tributación».

Tampoco se ha mostrado conforme con la supresión de las Diputaciones provinciales ya que el mero hecho de proponer esto supone «desconocer la realidad de la municipalidad española», en la que la gestión de las localidades más pequeñas depende de estos organismos. Por otra parte ha destacado que le resulta «contradictorio» que mientras socialistas y ciudadanos pretenden eliminar las diputaciones en el documento «se contempla la creación de nuevos organismos públicos».