El Gobierno aprobará, previsiblemente mañana martes, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, que recoge las principales cifras y medidas a acometer para encarar la recuperación, con un adelanto de 27.000 millones de euros de lo previsto en el Plan de Recuperación, y con los distintos cambios tributarios, como la creación de un nuevo impuesto a los envases de plástico de un uso y a las bebidas azucaras y edulcoradas.

También recogerá la subida de las pensiones con arreglo al IPC, en torno al 0,9%, en un porcentaje similar de alza salarial para los funcionarios, un ayuda para familias monoparentales y el aumento de los permisos de paternidad de 12 a 16 semanas.

Está previsto que el martes por la mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, presenten en un acto conjunto el borrador con las líneas básicas sobre las que se asientan las nuevas cuentas públicas, y que el proyecto sea aprobado a continuación en el Consejo de Ministros ordinario.

Fuentes gubernamentales han explicado a Europa Press que la intención es que el proyecto presupuestario pueda ver la luz el martes en el Consejo del Ministros con el objetivo de que pueda arrancar su tramitación parlamentaria en el Congreso a la mayor brevedad posible, lo que supondría continuar con la ‘hoja de ruta’ establecida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con el fin de que los Presupuestos vena la luz «a comienzos de 2021».

Este mismo lunes el Gobierno se reunirá con los sindicatos del área pública para comunicarles la subida salarial de 2021 y la oferta de empleo público del próximo año, para posteriormente hacer lo propio en los días sucesivos con los sindicatos y con los distintos grupos para recabar apoyos, en un contexto de un nuevo estado de alarma anunciado por el presidente del Gobierno este domingo, que será llevado al Congreso esta misma semana.

El equipo negociador del Gobierno de coalición, capitaneado por parte del PSOE por María Jesús Montero, y por parte de Unidas Podemos por el secretario de Estado de Derechos Sociales y dirigente económico de la formación ‘morada’, Nacho Álvarez, han acordado y ultimado hasta el pasado viernes las medidas fiscales.

El Gobierno prevé un impacto del conjunto de medidas fiscales y de la nueva Ley de lucha contra el fraude de 6.847 millones en 2021 y de 2.323 millones en 2022, gracias a nuevos impuestos ‘verdes’, a los envases de plástico, un IVA del 21% a bebidas azucaradas, las tasas ‘Google’ y ‘Tobin’ y cambios en imposición directa e indirecta, lo que permitirá incrementar los ingresos en 33.447 millones el próximo año, hasta el récord de casi 494.490 millones de euros.

La ratio de ingresos sobre PIB se situará en 2021 en el 40,3%, frente al 41,7% de 2020, en tanto que la ratio de gastos públicos bajará del 53% al 48%, aunque en términos absolutos supone 2.419 millones más.

Los Presupuestos se elaboran con una previsión de caída del PIB del 11,2% este año y un repunte del 7,2% en 2021 (9,8% contando los fondos europeos), y con un ‘techo de gasto’ de 196.097 millones, un 53,7% superior, que incluye transferencias extraordinarias a las CCAA (13.486 millones) y Seguridad Social (18.396 millones) y parte de los fondos europeos (27.436 millones).

LOS ‘ESCOLLOS’

La coalición gubernamental ha apurado los plazos de la negociación y Sánchez e Iglesias ultiman los detalles este fin de semana sobre los últimos ‘flecos’ y discrepancias a disipar, siendo una de las principales la referida a la fiscalidad y la regulación del precio del alquiler demandada por Podemos, que quiere incluirla ya en los Presupuestos.

Sin embargo, el lado socialista del Ejecutivo aboga por esperar: Montero aplazó dicha regulación a la nueva Ley de Vivienda que ultima el Ministerio de Transportes, aunque apuntó que los PGE incluirían partidas presupuestarias para poder ejecutar dicha ley.

IRPF, PATRIMONIO Y SOCIEDADES

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, precisó también que la subida del IRPF a las rentas altas y la limitación al precio de los alquileres, contempladas en el acuerdo de coalición, se llevarán a cabo «en el momento en el que país pueda encajarlo».

Y es que la subida del IRPF es otro de los principales puntos de discrepancia en la negociación, ya que Unidas Podemos ha reclamado un alza de este gravamen a partir de los 200.000 euros para las rentas de capital, frente a las reticencias de PSOE que opta por no incluirlo o que afecte a rentas de más de 300.000 euros.

La propuesta del acuerdo programático era subir dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros, en tanto que el tipo estatal aumentaría 4 puntos para rentas superiores a 140.000 euros.

Está en el aire la subida de Patrimonio, para la que se preveía un alza del 1% del tipo a las fortunas de más de 10 millones de euros, aunque seguiría siendo bonificable por las comunidades autónomas.

Respecto al Impuesto de Sociedades, no se descarta alguna subida puntual a grandes empresas, si bien el PSOE opta por aplazarlo para la reforma fiscal «profunda» que prevé acometer cuando se recupere el crecimiento económico y para lo que va a designar un comité de expertos.

La propuesta del acuerdo programático era una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. En cambio, la idea de bajar este tributo a las pymes del 25% al 23% parece que finalmente se descarta por ahora.

BONIFICACIONES FISCALES

Lo que sí parece seguro es la eliminación de los incentivos fiscales en el IRPF a planes de pensiones privados y se favorecen los planes de empresa. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, aboga por el modelo británico de los planes de ahorro de empresa, con aportaciones adicionales de la compañía y el Estado por cada una del trabajador.

En cambio, parece haberse descartado la eliminación de las exenciones del IVA a los servicios educativos y sanitarios privados que barajaba el Gobierno y que habría supuesto una implantación de un 21% de IVA a la educación y sanidad privada. La AIReF ya avisó en un informe de que aumentaría el gasto público de acometerse esta medida.

En cuanto al sueldo de los funcionarios, se ha descartado su congelación y se está dilucidando el incremento, que podría rondar el 0,9%, ya que, aunque finalmente todos los partidos votaron en contra de subir el sueldo de los diputados en ese porcentaje, ese era el nivel inicialmente previsto que apoyaban PSOE y Unidas Podemos.

PENSIONES Y PERMISO PATERNIDAD

En el plano social, sobre el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que se utiliza para calcular buena parte de las ayudas sociales, Montero ya confirmó que los Presupuestos incluirán una subida del mismo, tras tres años congelado, aunque está por determinarse el porcentaje. En las últimas cuentas fallidas se recogía un alza del 1%, y se negocia entre un alza del 3% (PSOE) o del 5% (Podemos).

También se estudian mejoras relativas al Ingreso Mínimo Vital (IMV), una ayuda a los cuidados en familias monoparentales y un mayor aumento de las partidas para residencias.