El Gobierno prorrogará las medidas del denominado ‘escudo social’, cuya vigencia actual expiraba este 31 de octubre, hasta el próximo 28 de febrero de 2022, y que ahora también contempla ayudas a los autónomos de La Palma cuya actividad se ha visto afectada por la erupción del volcán en Cumbre Vieja, según ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
Con esta prórroga se trata de «seguir protegiendo a los vulnerables», como ha señalado Rodríguez que ha hecho una mención especial a la situación que viven «los autónomos de La Palma que han visto cesada su actividad, bien total o parcialmente, y que van a ver reconocida su situación con una prestación económica extraordinaria».
El Consejo de Ministros también ha aprobado dos partidas para paliar los daños que la erupción del volcán en Cumbre Vieja, en La Palma, está ocasionando a su población. En concreto, ha autorizado destinar 68 millones de euros al plan especial de empleo que ya anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una visita a la isla y, por otro, destinará 6,8 millones de euros para paliar los daños en los sectores de la agricultura y la ganadería local.
El volcán entró en erupción el pasado 19 de septiembre y durante este tiempo la lava ha afectado a numerosas viviendas, negocios y fincas agrícolas y ganaderas.
Sobre las medidas del ‘escudo social’, se extiende la suspensión de desahucios para población vulnerable sin alternativa habitacional, así como la prohibición de corte de suministros (que incluye energía eléctrica, gas natural y agua), la consideración de consumidor vulnerable y las medidas urgentes contra violencia de género (manteniendo como esenciales de los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género).
El Ejecutivo aprobó el pasado 3 de agosto la ampliación de las medidas del ‘escudo social’ hasta el 31 de octubre de las actuaciones antidesahucios, la moratoria en el pago de alquileres y la prohibición de los cortes la luz, el agua y el gas.
También figuraban las medidas sobre grandes propietarios, de forma que cuando el inquilino se encuentre en situación de vulnerabilidad y el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor –persona física con más de diez viviendas–, podrá solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta.
Igualmente, el escudo social contempla la consideración como esenciales de los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, incluyendo los servicios de información 24 horas, los servicios de acogida y el sistema de seguimiento del cumplimiento de medidas cautelares.
