El Ejecutivo pretende ahorrar hasta 500 millones de euros, entre ahorro público y privado, a través de las medidas aprobadas hoy en el borrador de la ley de mutuas y el decreto de gestión de la incapacidad temporal. Un gasto para las arcas públicas que este año está previsto en 4. 230 millones. Para ello, el Ejecutivo se ha propuesto combatir el absentismo laboral injustificado y optimizar la eficiencia de los recursos.

Las mutuas podrán realizar el seguimiento de la prestación desde el primer día de baja y formular una propuesta de alta médica al médico de cabecera. A demás, los trabajadores ya no tendrán que acudir cada semana a confirmar la baja, sino que el médico le irá dando cita en función de unas tablas orientativas en función de variables como la edad o el tipo de patología.

COTIZACIÓN VOLUNTARIA PARA LOS AUTÓNOMOS
Las nuevas medidas también pretenden facilitar el cobro de la prestación por cese de actividad de los autónomos, que en la actualidad se ve denegada al 80% de las solicitudes. Aquellos con cuotas pendientes tendrán 30 días para abonarlas y no perder la prestación. La cotización en esta materia pasa a ser totalmente voluntaria y ya no estará ligada a las contingencias profesionales. También se reduce a un 10% en un plazo de un año el nivel de pérdidas que motivarán el cese involuntario de la actividad (antes era un 30% en un año o un 20% en dos años) y se facilita la justificación de estas pérdidas.

Además, se elimina como requisito el umbral mínimo de pérdidas de la empresa.
Por otra parte, también se regula un nuevo marco normativo para mejorar su gobernanza y transparencia: equipara las retribuciones de sus altos cargos a las del sector público y autoriza a las comunidades autónomas para que puedan utilizar sus recursos para los usuarios del Sistema Nacional de Salud, ya que según Empleo, actualmente no se utilizan el 40% de los recursos de las mutuas.