El Consejo de Ministros aprobó este viernes presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la consulta independentista que la Generalitat de Cataluña pretende celebrar el 9 de noviembre, al considerar que no tiene «ninguna base legal y ninguna de las garantías democráticas más basicas», por lo que colocaría a los ciudadanos que participen «en la intemperie legal».

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmó esta decisión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde explicó que el recurso incluye una solicitud para «suspender las actividades» promovidas por la Generalitat para celebrar la consulta del fin de semana que viene y cualquier otra que pretenda realizar en los próximos días «para la preparación de la misma».

Sáenz de Santamaría adujo que el Ejecutivo recurre la consulta con el fin de «garantizar el ordenamiento jurídico» al considerar que «no tiene cabida en nuestro Estado de Derecho». En particular, afirmó que es necesario «proteger la democracia, la igualdad y la libertad» de Artur Mas, a quien acusó de «no querer asumir su responsabilidad» y de pretender delegar la ilegalidad de su proyecto en los ciudadanos.

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