Viudedad, orfandad y favor de familiares se pagarán a golpe de impuestos
Combinar cotizaciones e impuestos para garantizar la sostenibilidad de las pensiones se ha convertido en «un elemento esencial de la renovación del Pacto de Toledo». Así lo ha afirmado el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016, quien ha apelado a la «responsabilidad y el compromiso» de todos los grupos políticos para actualizar el sistema a «bases más modernas y eficaces».
Para ello el Gobierno propone aligerar la mochila de gasto de las llamadas pensiones de «muerte y supervivencia» -viudedad, orfandad y favor de familiares- que pasarán a pagarse a golpe de impuestos (IVA, IRPF ó sociedades, entre otros), si no en su totalidad, al menos parcialmente, elevándose por contra las aportaciones del Estado al sistema, fijadas para este año en 13.160 millones de euros.
La iniciativa tiene visos de prosperar si atendemos a las manifiestas posiciones de los portavoces de los principales partidos que han coincidido en la «insostenibilidad» de la estructura de financiación de la Seguridad Social que, en palabras del portavoz de Izquierda Plural en el Congreso, Joan Coscubiela «es imprescindible abordar desde la aportación fiscal». Apreciación ratificada a su vez por su homólogo del Grupo Catalán Convergencia i Unió (CiU), Carles Campuzano, quien ha sido aún más rotundo si cabe «toca abrir un camino claro a la financiación fiscal».
La entrada en vigor del nuevo modelo de financiación será «un mandato legal para este Gobierno y para cualquiera que le suceda en 2016», ha afirmado Burgos que, por otra parte, no ha respondido a las críticas de la socialista Isabel López i Chamosa, quien apuntaba que el Gobierno apuesta por «un sistema complementario» asistido por aportaciones privadas. A este respecto, cabe destacar que el Pacto de Toledo ya recoge la necesidad de «seguir ahondando en las políticas que permitan avanzar hacia un sistema complementario de asistencia y prestaciones, externo a la Seguridad Social con carácter voluntario y financiado con aportaciones privadas», lo que lejos de enmarcarse en las competencias del Estado quedaría en el ámbito de la negociación colectiva.
Previsiones exageradamente optimistas
A pesar de recocer las «dificultades» del sistema, Burgos ha insistido en que serán las altas de nuevos cotizantes las que permitirán financiar el 83,19 por ciento del presupuesto de la Seguridad Social «la clave de bóveda está en el crecimiento de la afiliación, 3,5 veces más que el número de pensiones». De hecho, según los datos presentados por el secretario de Estado, en lo que llevamos de año, la recaudación líquida habría aumentado 1.855 millones con respecto a 2014. Atendiendo a esta premisa y a los 600.000 empleos que según el Gobierno se crearán en 2016, los PGE de la Seguridad Social recogen unas previsiones de ingresos de 117.242,58 millones por cotizaciones sociales (6,7 por ciento más que lo presupuestado para 2015).
Sin embargo las anteriores cifras no parecen encajar en las hojas de cálculo del resto de grupos que han coincidido en calificarlas de «irreales y exageradamente optimistas». Razón que se sostiene si atendemos a la evolución de los ingresos del sistema en lo que llevamos de año. Si bien para el ejercicio en curso el Gobierno preveía un crecimiento en caja del 8,6 por ciento (elevándolo hasta los 109.833 millones de euros), hasta el mes de junio se habían contabilizado en concepto de ingresos por cotizaciones sociales 49.983,24 millones, lo que en tasa de crecimiento anual significa un 1,32 por ciento. Ésto generaría a final de año un desfase de unos 12.000 millones de euros que, por otra parte, deberá ser cubierto con la llamada «hucha de las pensiones».
Cotización demográfica
«El sistema será económico y demográfico», concluía Burgos. El secretario de Estado se refería así a la propuesta sobre la aprobación del complemento de maternidad, remitida el pasado mes de junio al Pacto de Toledo e incluida en el Plan Integral de Apoyo a las Familias. Con ello las madres trabajadoras con dos o más hijos a su cargo percibirán entre el 5 y el 15 por ciento más de la pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente que les corresponda en el momento de percibirla.
El objetivo del Gobierno es que la medida entre en vigor el 01 de enero de 2016, no obstante, y al igual que en el caso de la cotización mixta, todo quedará al albur del debate para la revisión del Pacto de Toledo.
