El Gobierno se reunirá este lunes en un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el plan presupuestario de 2019 que tiene que remitir el mismo día a Bruselas para ser evaluado por la Comisión Europea, y que servirá de base para el proyecto de Presupuestos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere presentar en el Congreso de los Diputados a finales de noviembre o principios de diciembre.
El Ejecutivo ha esperado hasta la fecha límite marcada por Bruselas para enviar este plan presupuestario en el que se incluirán sus estimaciones macroeconómicas para 2019, sus previsiones de gasto e ingresos, así como las principales medidas y reformas que tiene previsto implementar de cara a dicho ejercicio.
Para ello, el plan tendrá como base el acuerdo cerrado el pasado viernes por el Gobierno y Unidos Podemos, que incluye medidas en materia fiscal, de gasto social o vivienda, entre otras.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes, la ministra portavoz, Isabel Celaá, indicó que, aunque la celebración de la reunión extraordinaria de este lunes no es preceptiva para la remisión del plan presupuestario, con esta aprobación por parte del Gabinete ministerial se busca dar el “aval” del Gobierno a las cifras económicas y, a la vez, poner de manifiesto el “compromiso inequívoco” del Ejecutivo con los socios europeos.
DUALIDAD DE OBJETIVOS
El documento que el Gobierno remitirá a Bruselas podría plantear varios escenarios económicos diferentes, ya que, entre otros factores, la elaboración de las cuentas públicas de 2019 está pendiente de si el objetivo de déficit del próximo año será el 1,3% del PIB que dejó fijado el Gobierno de Mariano Rajoy o, por el contrario, el 1,8% que propone el Ejecutivo socialista, que no ha conseguido aún su aprobación.
Esas cinco décimas de gasto adicional que permitiría el objetivo que el Gobierno de Sánchez pactó con Bruselas a su llegada a La Moncloa se traducirían en 6.000 millones de euros que se repartirían en 2.500 millones de gasto para comunidades autónomas, 2.500 para la Seguridad Social y alrededor de 1.000 millones para la Administración Central. Por ello, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recordó el viernes que para la Administración Central y la elaboración de las cuentas públicas “prácticamente no afecta” el tener un objetivo u otro, pero sí para las comunidades autónomas y la Seguridad Social.
En este sentido, cabe recordar que la nueva senda de estabilidad que el Gobierno socialista propone hasta 2021 contó con la aprobación de Bruselas y que, de hecho, la propia Comisión Europea ya señaló el pasado mes de mayo, en su valoración del plan presupuestario de 2018 que el Ejecutivo de Mariano Rajoy envió en octubre de 2017, que España no cumpliría con la senda marcada por el PP.
En concreto, en mayo la Comisión Europea estimaba que España cerraría 2018 con un déficit del 2,6%, cuatro décimas por encima del objetivo establecido por el PP en el 2,2%, y 2019 en el 1,9%, seis décimas más sobre el objetivo popular y una sobre el que propone el Gobierno de Pedro Sánchez.
La fijación de un objetivo de déficit u otro depende de lo que suceda con la reforma de la Ley de Estabilidad con la que PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDECat y PNV quieren eliminar la capacidad de veto del Senado a la senda de estabilidad del Gobierno. Su objetivo es modificar el artículo 15.6 de dicha ley, que establece que los objetivos de estabilidad presupuestaria deben ser aprobados obligatoriamente tanto por el Congreso como por el Senado, en el que actualmente el PP goza de mayoría absoluta, cuando lo habitual es que cuando la Cámara Alta rechaza alguna iniciativa ya aprobada por la Cámara Baja, ésta última pueda levantar el veto.
Sin embargo, la tramitación parlamentaria de esta reforma podría retrasarse varios meses debido a que PP y Ciudadanos, que suman mayoría en la Mesa del Congreso, rechazaron su tramitación por el procedimiento de urgencia y pueden prolongar el plazo de presentación de enmiendas, lo que podría llevar al Ejecutivo a elaborar las cuentas de 2019 sobre el objetivo de déficit del PP para poder aprobar los Presupuestos antes de las elecciones autonómicas y municipales que tendrán lugar en mayo.
INGRESOS Y GASTOS
Durante la rueda de prensa del viernes, la titular de Hacienda indicó que las medidas incluidas en el acuerdo cerrado con Podemos tendrán un impacto en los Presupuestos de un aumento de 5.678 millones en los ingresos y de 2.082 millones en el gasto.
En concreto, el aumento de la recaudación llegará a través del paquete de medidas fiscales, que incluye la creación de dos nuevos tramos impositivos en el IRPF, por encima de los 130.000 y los 300.000 euros; establecer un tipo efectivo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades (18% en el caso de bancos y empresas de hidrocarburos); un impuesto a las transacciones financieras; otro, del 3%, a las grandes empresas tecnológicas, y la reducción del IVA de los artículos de higiene femenina del actual 10% al 4%, entre otras.
En el apartado de gastos el acuerdo presupuestario contempla la revalorización de las pensiones con el IPC, un aumento del 40% en la partida de dependencia, mayor dotación en vivienda e I+D+i, así como más recursos destinados a becas, entre otras medidas. Sin embargo, muchos de los gastos, según explicó Montero, no están incluidos en la cifra de 2.082 millones ni serán recogidas en los Presupuestos, ya que muchas de las medidas acordadas repercuten en la Seguridad Social o en las comunidades autónomas, pero sí se verán reflejados en el plan presupuestario de este lunes. Además, también destacan otras medidas como la elevación del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 900 euros mensuales.
La reunión del Consejo de Ministros comenzará a las 11.00 horas y está previsto que las ministras de Economía y Empresa, Nadia Calviño, y de Hacienda, María Jesús Montero, ofrezcan los detalles del plan presupuestario en la posterior rueda de prensa.
