El Gobierno remitirá esta semana a la Comisión Europea el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia con el paquete de reformas e inversiones que pretende impulsar España para canalizar los 140.000 millones de fondos europeos de reconstrucción que recibirá hasta 2026 y enviará también el Programa de Estabilidad, con las cifras de déficit previstas para los próximos años.

Ambos planes tiene que ser remitidos a Bruselas antes del 30 de abril, por lo que previsiblemente recibirán el visto bueno del Gobierno en el Consejo de Ministros del próximo martes, según han trasladado a Europa Press en fuentes gubernamentales, que en principio descartan la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció en rueda de prensa hace dos semanas para detallar el contenido del documento provisional del Plan de Recuperación, articulado en cuatro ejes y compuesto de 212 medidas, de las que 110 son inversiones y 102 son reformas para canalizar los fondos de reconstrucción que recibirá España para hacer frente a la crisis.

Entre los objetivos fundamentales que se ha marcado el Ejecutivo destacan impulsar la recuperación económica en el corto plazo y reconvertir y transformar la economía española para hacerla más competitiva y sostenible, en la mayor oportunidad que se le plantea a España en un siglo para lograr una verdadera transformación de su economía, en palabras del propio Sánchez.

Del conjunto del plan, se destinará el 39% a la transición ecológica, 29% a la transformación digital, el 10,5% a educación y formación y un 7% para I+D+i, según especificó el presidente.

Entre las inversiones, se contemplan 20 principales para los tres próximos años, con el foco en la movilidad sostenible, vivienda, energía, modernización de la administración pública y digitalización.

REFORMAS CONTROVERTIDAS

Sobre las reformas, la pata del plan más controvertida, se pretende abordar el sistema de pensiones, así como la transformación del mercado laboral, además de la modernización del sistema de salud, la reforma del sistema eléctrico, la modernización de la Justicia, la nueva economía de los cuidados, la ley de Aguas o la reforma fiscal.

En total, se movilizarán en el periodo 2021-2023 inversiones públicas por importe aproximado de 70.000 millones de euros, que tendrán un impacto «inmediato» en la economía y en el empleo este mismo año.

En concreto, el Gobierno sitúa en un 2% anual el efecto positivo de los fondos europeos tanto para este año como para el que viene y además contempla que permitirán la creación de 800.000 nuevos empleos en seis años.

Desde el Ejecutivo han transmitido su confianza en que se mantenga la hoja de ruta prevista para que la Comisión pueda aprobar en junio los planes de recuperación. No obstante, confía en que Bruselas flexibilice la normativa comunitaria sobre ayudas de Estado para acelerar los proyectos.

A la espera de que lleguen los fondos, el Gobierno ya ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 la canalización de más de 27.000 millones de euros, a financiar con dichos fondos y que se destinarán a las inversiones y reformas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

PLAN DE ESTABILIDAD

El Gobierno remitirá también a Bruselas esta semana el Programa de Estabilidad que incluirá el escenario fiscal a medio plazo y la actualización del cuadro macroeconómico con la ya anunciada revisión a la baja de las previsiones para 2021 ante el impacto de la tercera ola de la Covid-19 y ante el retraso de los fondos europeos.

A principios de este mes de abril, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, avanzó el recorte de 3,3 puntos porcentuales de la previsión de crecimiento del PIB para este año, hasta el 6,5%, como consecuencia de la ralentización de la economía en el primer trimestre, aunque se elevó al 7% la estimación para 2022.

Estas previsiones se alejan de las planteadas a Bruselas en octubre, cuando se apuntaba a un avance del 9,8% incluyendo los fondos europeos y del 7,2% sin tener en cuenta los mismos. En esta ocasión, el Ejecutivo se ha decantado por presentar una única previsión, el alza del 6,5%, que ya incorpora el impacto del Plan de Recuperación que presentará España para acceder a los fondos.

Además, el Ejecutivo calculaba en octubre, tras la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, que el déficit cerraría este año en el 7,7% del PIB, después de cerrar 2020 en el 10,97% incluida la Sareb, con una deuda pública del 117,4% del PIB. Sin embargo, el Gobierno ya ha adelantado que revisará la cifra de déficit de este año y es previsible que la empeore, por lo que podría superar el 8%, dado el recorte en el crecimiento del PIB.

La Comisión Europea dio luz verde a la suspensión de las reglas fiscales de 2020 y 2021, una opción que adoptó España ante el impacto de la crisis. Esto implica la suspensión de los objetivos de estabilidad para esos dos ejercicios, que se han sustituido por tasas de referencia.

De cara al 2022, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha reiterado su confianza en que Bruselas mantenga también para el año que viene la suspensión de las reglas fiscales para poder seguir revitalizando la economía sin recurrir a políticas de ajuste que retraigan el consumo y la inversión pública, una decisión que el Eurogrupo se ha comprometido a tomar antes de que finalice junio.