El Gobierno ha sacado adelante este jueves en el Congreso la reforma laboral por un solo voto y gracias a un error técnico en el voto telemático de un diputado del PP. La votación ha sido muy ajustada, con 175 votos a favor y 174 en contra, y con resultado no esperado, ya que finalmente los dos diputados de UPN han decidido no acatar la disciplina de voto y votar en contra de la reforma laboral.

Esto habría dado un vuelco a la votación: el bloque del ‘no’ a la reforma habría alcanzado 175 votos, por los 174 de los partidarios por convalidarla. Sin embargo, un diputado del bloque de la derogación ha acabado votando a favor de la reforma.

Según ha informado tras la votación la portavoz del PP, Cuca Gamarra, se trata de su diputado extremeño Alberto Casero, que había pedido el voto telemáticamente. Según ha explicado, Casero ha votado a favor por un problema técnico y ha acudido al Pleno a votar presencialmente, pero ya no le han dejado.

BATET LLEGA A ANUNCIAR LA DEROGACIÓN, PARA DESPUÉS CORREGIRSE

En un primer momento, al estallar los aplausos en la bancada ‘popular’, que junto con los diputados de Vox se han levantado a aplaudir, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha llegado a anunciar que la reforma había sido derogada.

Segundos más tarde, los servicios jurídicos de la Cámara le han aclarado que, realmente, los votos a favor eran más que los votos en contra, anunciando entonces la convalidación de la reforma, y provocando una reacción similar en las bancadas del PSOE y Unidas Podemos, que han acabado coreando «¡Sí, se puede!».

LA REFORMA SE CONVALIDA SIN CAMBIOS

Para la convalidación, el Gobierno ha sumado los votos de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Nueva Canarias, PRC, Nueva Canarias y Coalición Canaria. En contra han votado PP, Vox, Esquerra Republicana, PNV, EH-Bildu, la CUP, UPN, rompiendo la disciplina de voto, el BNG y Foro Asturias.

Asimismo, tal y como pretendía el Gobierno, el Congreso ha rechazado la tramitación de la reforma como proyecto de ley, impidiendo así posibles enmiendas. Este rechazo, exigido por la patronal –había avisado de que no aceptaría que se tocara «ni una coma»–, ha impedido la negociación de cambios que reclamaban socios como ERC y Bildu, que pedían llevar más lejos la reforma.

«SI UNA NORMA CONTIENE AVANCES, HAY QUE VOTAR A FAVOR»

Durante su defensa de la reforma, la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, ha lamentado las «rivalidades políticas» que, a su juicio, han impedido el respaldo al decreto ley, y ha defendido que «si una norma contiene avances, hay que votar a favor».

Su norma, ha asegurado, supone «un cambio de paradigma» a la «cultura de la precariedad», pues nunca antes en las reformas laborales aprobadas en España se habían puesto tantas limitaciones a la temporalidad y al trabajo precario. Asimismo, ha puesto en valor la «generosidad» de los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme, a cuyos dirigentes ha agradecido personalmente el esfuerzo por pactar la reforma.

La alternativa, ha dicho a Díaz, era «confirmar para siempre» la reforma laboral de 2012 del PP, que «instituyó aquel nocivo mantra» del «mejor un trabajo de miseria que nada», llegando a asegurar que «la encrucijada» en la votación en el Congreso era su reforma o un aval de la reforma aprobada hace ya diez años.

PP: «SABE QUE HA TRAICIONADO A LOS SUYOS»

Recurriendo al turno en contra, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha dicho que la vicepresidenta parecía «insegura» y «nerviosa» porque «sabe que ha traicionado a los suyos» con la reforma laboral y ahora sus votantes la ven «al frente de la Troika». Además, ha avanzado que de llegar al Gobierno el PP abordará una nueva reforma con la llamada ‘mochila austriaca’, propuesta que los ‘populares’ han decidido impulsar a través de una proposición de ley en el Congreso.

«Estoy muy contenta, soy hija de trabajadoras», ha replicado Díaz, que ha recogido el guante lanzado por el PP para asegurar que la reforma de 2012 «no está pensada para crear empleo», sino bajar salarios, y ha acusado al PP de querer subvencionar el despido de miles de trabajadores con su mochila austriaca.

EL PNV LLAMA «HIPÓCRITA» A GARAMENDI Y LAMENTA SU «CHANTAJE»

ERC, PNV y EH-Bildu, socios habituales de la coalición, no han avalado la reforma y han cargado contra el Ejecutivo por impedir modificaciones. En el caso del PNV, su portavoz Aitor Esteban ha lamentado la «hipocresía» del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, desvelando que, en privado, sí reconoce que la prevalencia de convenios autonómicos no suponía ninguna ruptura de mercado.

Reconociendo su gusto por el contenido de la reforma y su aprecio por los consensos, ha criticado que «los consensos no se imponen, menos en un Parlamento democrático», tachando de «chantaje intolerable» que la CEOE impusiera que no se pudiera tocar «ni una coma», y criticando que el propio Pedro Sánchez se sumara a él.

ERC ACUSA AL GOBIERNO DE «ESTAFA»: «ES LA REFORMA DE ALBERT RIVERA»

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha dicho que con la reforma PSOE y Unidas Podemos han «intentado estafar» a los trabajadores», pues cree que la reforma no pasa de ser «un retoque», y encima no permiten negociar cambios. «Esto no ha sido un proceso de negociación», ha dicho, sino «de presión».

Rufián ha criticado las renuncias del Gobierno para derogar aspectos de la reforma del PP, como el recorte de las indemnizaciones o el fin de los salarios de tramitación, y ha asegurado que la reforma que ha defendido Yolanda Díaz «es la reforma que hubiera aprobado Albert Rivera de presidente».

Por Bildu, Oskar Matute ha lamentado que se dé «más valor a la patronal» que a los socios, en una práctica que «evoca a los Pactos de la Moncloa y el Régimen del 78»: «No estamos aquí para aceptar las cosas que no podemos cambiar, sino para cambiar las cosas que no podemos aceptar», ha concluido, citando a Angela Davies.

«¿NO NOS PEDÍAN UN ACUERDO? AQUÍ LO TENEMOS»

Por el bloque del ‘sí’, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado que la reforma «es la norma menos ‘sanchista’ de la legislatura», ya que «no es una norma de Sánchez, ni de Yolanda Díaz ni del Gobierno», sino «de los agentes sociales» que la han acordado.

Ferrán Bel, del PDeCAT, ha puesto en valor este acuerdo, reivindicando que estos consensos «deberían cotizar al alza», unas palabras en la línea de las expresadas por Teruel Existe, Nueva Canarias, Coalición Canaria o el PRC: ¿No nos pedían un acuerdo? Pues aquí lo tenemos», ha defendido el diputado cántabro José María Mazón.

Los diputados de UPN han declinado participar en el debate, en protesta por la decisión adoptada por el presidente de su partido, Javier Espaza, que finalmente no han acatado: «En política lo único que no puedes hacer es algo que no puedas explicar a tus votantes», se ha excusado Sergio Sayas.

«QUEDAN DOS AÑOS DE LEGISLATURA. NO SERÁ LA ÚLTIMA LEY»

El PSOE ha defendido el decreto subrayando que se trata de una norma que «cuida a trabajadores y empresas». Según Esther Peña, la reforma supone «cumplir con trabajadores y empresarios», pero también «reconstruir consensos perdidos», y una muestra de los acuerdos que, ha dicho, «hacen crecer al país».

Para Aina Vidal (Unidas Podemos), supone una «ruptura» con la legislación que desde los años ’80 «legitima la temporalidad», y que «ni es descafeinada ni maquillaje»: «Quien dice eso está despreciando los logros de miles de trabajadores y le falta empatía con la gente que lleva décadas soportando la precariedad».

Asimismo, ha recogido el guante de aquellos que han reprochado la insuficiencia de la reforma y las promesas incumplidas: «A quienes legítimamente piensan que deberíamos llegar más lejos, les digo que quedan dos años de legislatura. Pueden estar seguros de que no será ni la última ley ni el último derecho que ganemos», ha dicho.