La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció este miércoles que el Gobierno va a proceder a la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, “dejándolo a tipo prácticamente cero”, y que va a ampliar el bono social eléctrico a la calefacción.
Estas son dos de las medidas propuestas por el Ministerio de Transición Ecológica para hacer frente a la actual situación de precios elevados de la electricidad que fueron presentadas por la ministra en el Congreso de los Diputados.
Asimismo, Ribera explicó que otra de las medidas será permitir una mayor flexibilidad en la fijación del término de potencia ya que según sostuvo eso permitiría un importante ahorro en el consumo de las familias.
En cuanto a la situación en que quedará el impuesto, fuentes del Ministerio explicaron que al tratarse de una suspensión y no de una supresión, que requeriría modificar una ley de 2012, se deberá aplicar un tipo residual que no superará el 0,5%.
Además, Ribera subrayó la “clara voluntad” del Gobierno de España de abordar con seriedad la reforma estructural del mercado, asegurar señales fiscales coherentes y regular ordenadamente el almacenamiento para avanzar hacia un modelo energético distribuido, limpio, eficiente y digitalizado.
“No podemos seguir improvisando y poniendo parches incompatibles con los objetivos de descarbonización a medio y largo plazo, generando expectativas que no se cumplen y que nos acaban pasando factura”, señaló la ministra.
En cuanto al bono social, más allá de la novedad de su aplicación a la calefacción, se dará continuidad al actual bono social de electricidad, pero introduciendo con carácter inmediato una serie de mejoras que incrementarán la protección y facilitarán el acceso al mismo.
Asimismo, el Ejecutivo elaborará una Estrategia Nacional de Lucha Contra la Pobreza Energética en los próximos seis meses para disponer de un marco de actuación en este ámbito para los próximos años.
Por otro lado, el Gobierno adoptará un conjunto de medidas de choque que permitan avanzar en el cumplimiento de los objetivos de descarbonización, mejorar la eficiencia energética y promover las energías renovables.
En concreto, con el objeto de recuperar el “impacto positivo” que ejercen las energías renovables en el precio, el Gobierno plantea diferentes líneas de acción urgente para mandar señales adecuadas al mercado.
Entre ellas, el Ministerio considera imprescindible solventar las barreras existentes al despliegue de renovables o facilitar los contratos bilaterales, los llamados PPA, para desplazar parte de la electricidad contratada en el mercado mayorista a la contratación bilateral a largo plazo de energía de fuentes renovables.
En su comparecencia, Ribera también ha hecho referencia a medidas de actuación preferente en materia de ahorro y eficiencia energética como, por ejemplo, incorporar nuevos criterios de eficiencia en la normativa de alumbrado público.
También hizo hincapié en hacer del autoconsumo una realidad que reducirá la factura eléctrica porque el sistema fotovoltaico produce a un precio inferior que la tarifa del consumidor final.
“Estamos caminando hacia un modelo energético muy diferente, más plural, y que será positivo para el medio ambiente, la salud pública y la modernización de la economía”, apuntó la ministra.
Por último, Ribera recordó que el Ministerio trabaja en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el periodo 2021-2030, un documento que se mantenía “en blanco” por el anterior Ejecutivo.