El Gobierno ha aprobado dos proyectos de ley para luchar contra la corrupción: uno sobre la actividad financiera de los partidos políticos y otro sobre la regulación del ejercicio de cargos públicos.

El primero, el proyecto de Ley Orgánica, para el control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos. Entre las medidas, la norma incluye que los tesoreros de las formaciones tendrán que comparecer ante el Parlamento para explicar las cuentas. La comparecencia del responsable económico-financiero se producirá a propuesta del Tribunal de Cuentas, una vez que esta institución emita el correspondiente informe de fiscalización, en el que se incluirán recomendaciones, y además se podrá tener en cuenta al propio tesorero.

Además, Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, ha explicado que se prohíbe la condonación de deudas por entidades de crédito a los partidos, incluidos los intereses. Otra novedad es que que las formaciones tendrán que publicar en su página web las donaciones de personas físicas, cuyo importe sea superior a 50.000 euros. También se prohíben las donaciones por parte de personas jurídicas, que hasta ahora podían ser de 100.000 euros. Los partidos tendrán que comunicar sus cambios estatutarios para seguir existiendo, además de publicar sus donantes y acreedores en Internet.

A esta iniciativa se ha sumado una ley para regular el ejercicio y las funciones de los políticos, que incluye un control de sus declaraciones y patrimonio. Según ha explicado Sáenz de Santamaría, el Consejo de Estado ha dado su aval a que los condenados por delitos especialmente graves, como el de terrorismo, no puedan ser cargo público mientras no se cancelen sus antecedentes penales.

El Ejecutivo da luz verde a estas iniciativas, cuatro días antes del debate sobre el estado de la nación y después de que en el último debate, hace un año, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometiera a poner en marcha una batería de medidas contra la corrupción.

Además, el Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita, que amplía los beneficiarios que pueden acogerse a este servicio. Se amplía el derecho a justicia gratuita para las asociaciones de víctimas de terrorismo, de consumidores y usuarios y de discapacitados cuando actúen en defensa de sus intereses.