Fuentes sindicales avanzaron que se ha alcanzado un preacuerdo entre el Gobierno, las centrales CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme después de la reunión de este lunes, que se ha alargado durante todo el día, y de meses de negociación de esta materia.

Las ejecutivas de las distintas organizaciones lo ratificarán mañana martes y está previsto que el Consejo de Ministros le dé el visto bueno.

Desde la patronal CEOE, fuentes confirmaron que “se han superado los obstáculos que nos distanciaban” a las partes como es el porcentaje de jornada a partir de la cual se aplica la nueva ley y que finalmente quedaría en el 30%, como se planteó en las negociaciones durante este mes.

A falta de conocer el texto final, otro de los obstáculos era la situación en la que quedaban las empresas que se vieron forzadas a implantar el teletrabajo por la pandemia y que no es la forma habitual en la que pretenden desarrollar sus tareas. La patronal defendía que estas empresas no se vieran obligadas a aplicar la ley en cuanto se aprobara.

La norma supone un cambio en la definición de teletrabajo que recoge el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores y garantiza la voluntariedad del mismo y su carácter reversible, de manera que se puede retornar a la modalidad presencial. Además, deberá ser pactado entre el trabajador y la empresa. En la negociación, Trabajo venía defendiendo que los costes por teletrabajar los asumiera la empresa.

Desde UGT valoraron que el preacuerdo va en la línea de lo que han estado defendiendo de “una regulación del teletrabajo digno, con derechos y que evitara los abusos” y que es “una de las legislaciones más completas de Europa en esta materia”, según el secretario de Política Sindical, Gonzalo Pino.

Este lunes, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública alcanzó un acuerdo con las administraciones autonómicas y locales y los agentes sociales para regular el teletrabajo en el sector público.

En este caso, el teletrabajo habrá de ser expresamente autorizado en cada caso a través de criterios objetivos y compatible con la modalidad presencial, no podrá suponer ningún incumplimiento de la jornada y el horario que corresponda a cada caso y el coste de los equipos correrá a cargo de la administración pública.

Las administraciones que lo requieran dispondrán de un periodo de seis meses para adaptar la nueva regulación del teletrabajo en su ámbito competencial.