El departamento que dirige Reyes Maroto anunció a la Conferencia Sectorial que presentaría en septiembre en el grupo de viviendas turísticas una propuesta de reforma de las leyes de Arrendamiento Urbano (LAU) y de Propiedad Horizontal, con el propósito de hacer una “clarificación” de la definición de la vivienda de uso turístico sin invadir las competencias autonómicas en esta materia.

“Las comunidades nos han pedido que regulemos porque van a ciegas, hay una indefinición jurídica y complejidad y nos han pedido que marquemos unas pautas”, señaló la ministra. “No tenemos competencias de regulación turística, pero sí podemos a través de estas dos leyes clarificar la definición de vivienda de uso turístico”.

Por ejemplo, el Gobierno tiene en su mano con estas modificaciones normativas cambiar las mayorías que se requieren ahora para que una comunidad de vecinos autorice el uso de una vivienda turística.

Según la titular de Industria, quieren sacar adelante estas reformas por consenso con las comunidades autónomas y el sector turístico. Cuando ese consenso se alcance, llevarán las reformas al Parlamento, “porque así el acuerdo político será más fácil”, dijo Maroto.

Sobre la posibilidad de una regulación común de ámbito estatal, las sensibilidades son diferentes. Mientras los consejeros de Andalucía, Francisco Javier Fernández, y de Madrid, Jaime de los Santos, se han mostrado partidarios de un paraguas regulatorio de ámbito nacional, la vicepresidenta y consejera de Turismo de Baleares, Bel Busquets, se ha mostrado reacia. A su juicio, “la regulación tiene que estar en manos de las comunidades, porque son las que conocen el territorio”.